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Tribunal Superior

Kanemann, Héctor Adolfo c/Santiago Melonaro S.R.L. s/Despido y escrituración

El actor promovió demanda laboral por despido, reclamos de haberes, indemnizaciones y escrituración de inmueble. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario, confirmando la valoración de prueba y que no se acreditaron los requisitos para las indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo ni el derecho a la escrituración.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
L-93732
Recurso extraordinario Despido Ley nacional de empleo Art. 11 lne In dubio pro operario Valoracion de la prueba Convenios colectivos asimra 275/75 Uom 260/75 Escrituracion Costas

¿Quién es el actor?

Héctor Adolfo Kanemann.

¿A quién se demanda?

Santiago Melonaro S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de haberes (marzo 1998), SAC, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por despido incausado; diferencias salariales y multas (Ley Nacional de Empleo); escrituración del inmueble donde residía.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el actor; se confirmó en lo esencial la sentencia de grado que hizo lugar parcialmente a la demanda y desestimó, entre otros, las indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo y la acción por escrituración; costas a la parte recurrente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En lo que constituye materia de impugnación, el sentenciante de la instancia ordinaria, en ejercicio de facultades que le son privativas (art. 44 inc. 'd', ley 11.653), juzgó que el actor se desempeñó como jefe de matricería y no como supervisor dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de ASIMRA 275/75 (vered., 6ª cuestión, fs. 402; sent., fs. 406). Consecuentemente, al practicar la liquidación de la indemnización por antigüedad fijó como tope salarial el contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75 (rama 5) de la U.O.M. (sent., fs. 408 vta.)."

"Bien es sabido -y conviene recordar- que esta Corte tiene dicho que los presupuestos previstos en aquella normativa [Ley Nacional de Empleo] son claros y su cumplimiento imprescindible para acceder el trabajador a las indemnizaciones establecidas en la Ley Nacional de Empleo (conf. causas L. 61.647, sent. del 8-IV-1997; L. 67.351, sent. del 7-VI-2000; L. 91.024, sent. del 12-XII-2007). En ese orden, el precepto de referencia dispone que el empleado o la asociación sindical que lo representa, deberá intimar al principal en forma fehaciente a fin de que proceda a la inscripción, donde consignará la real fecha de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y todas las circunstancias verídicas que se vinculen con la relación a registrar o regularizar, según el caso. Requisitos estos que -reitero- el promotor del pleito no cumplimentó."

"Por otra parte, resulta necesario puntualizar que el principio in dubio pro operario -denunciado por el quejoso- no juega en lo que atañe a la apreciación de los hechos, ni en los casos donde no se advierte duda alguna con respecto a la aplicación o interpretación de la ley (art. 9, L.C.T., según texto anterior a la reforma introducida por la ley 26.428, vigente al tiempo del pronunciamiento impugnado; conf. causas L. 58.535, sent. del 26-XI-1996; L. 80.781, sent. del 30-XI-2005)."

"En suma, no demostrado por el apelante, tarea a su cargo, que las funciones desarrolladas por el actor fueran las de supervisor de cuarta categoría contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo ASIMRA 275/75, resulta irrevisable la conclusión del fallo que para el cálculo de la indemnización por antigüedad, y en atención a la tarea desempeñada por el actor como jefe de matricería, tuvo en cuenta el tope salarial contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75."

"Queda sellada así la suerte adversa de esta impugnación, desde que el compareciente no sólo obvia hacerse cargo de alegar como infringidos los presupuestos legales que dieron sustento al fallo, sino que, además, omite rebatir la línea argumental del decisorio, incumpliendo con los requisitos que impone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas L. 71.024, sent. del 28-II-2001; L. 79.519, sent. del 1-IV-2004)."

"Por lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, C.P.C.C.)."

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