Asociación Judicial Bonaerense c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y leyes 11.195 y 11.196
La Asociación Judicial Bonaerense impugnó por inconstitucionales los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y las leyes 11.195 y 11.196 por suspender la aplicación de la ley 11.017 y afectar reajustes salariales. La Corte provincial hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los decretos 3073/1991 y 3641/1991 y de las leyes 11.195 y 11.196 por usurpación de facultades legislativas, ausencia de necesidad y urgencia y porque la ratificación legislativa no sanea el vicio de nulidad.
¿Quién es el actor?
Asociación Judicial Bonaerense representada por Víctor I. Mendibil (Secretario General) y Néstor M. Rompani (Secretario Adjunto), en representación de afiliados y agentes del Poder Judicial.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicita declarar la inconstitucionalidad de los decretos 3073/1991, 3640/1991 y 3641/1991 y de las leyes 11.195 y 11.196 en tanto suspendieron la aplicación de los arts. 1 y 2 de la ley 11.017 y afectaron reajustes de haberes (incluida la Acordada 56/1991), lesionando derechos y la garantía de la división de poderes.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda; la Corte declaró la inconstitucionalidad de los decretos 3073/1991 y 3641/1991 y de las leyes 11.195 y 11.196. Costas a la parte demandada.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) "En consecuencia y partiendo de la base que la materia reglada en la ley 11.017 es atribución exclusiva del Poder Legislativo (arts. 90, incs. 2, 3, 12 y 13 de la Constitución provincial de 1934; 103 incs. 2, 3, 12 y 13 de la actual Constitución) y de que la vigencia de esa norma sólo puede ser suspendida o suprimida mediante la sanción de otra ley, la interdicción precedentemente examinada que recae sobre el Poder Ejecutivo para el ejercicio de atribuciones legislativas, determina la invalidez constitucional de los decretos 3073/1991 y 3641/1991 por la sola razón de su origen."
2) "Un análisis retrospectivo de los decretos cuya validez constitucional se cuestiona en esta causa y la consideración de los factores conocidos por el Poder Ejecutivo en ese entonces, no permiten advertir que la necesidad estuviese configurada, esto es, que se presentaran unas circunstancias que de un modo público y notorio pongan en vilo la subsistencia del Estado provincial y justifiquen suspender la prohibición que recae sobre el Poder Ejecutivo de dictar leyes."
3) "Los decretos cuestionados no pueden ser objeto ni de una ratificación por la ley, ni de una conversión en ley, ni de una confirmación o regularización legislativa, puesto que ninguna ley puede dar valor a un acto que es nulo en sí mismo."
Observaciones sobre efectos: La declaración de inconstitucionalidad restaura sólo el estado anterior durante el período en que la aplicación de la ley 11.017 estuvo suspendida por los decretos impugnados; no se juzgó la ley 11.197 (derogatoria de la 11.017) porque no fue impugnada. La condena incluyó costas a la demandada y regulación de honorarios al abogado de la actora.
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