Cooperativa de Vivienda y Consumo Integración y Progreso Ltda. c/Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/Cobro ejecutivo de expensas
La Cooperativa accionó en cobro ejecutivo de expensas y se discutió la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos provincial. La Suprema Corte de la Provincia resolvió que la ley 13.929 no supera las objeciones de constitucionalidad sobre la ley 12.836 y su modificatoria 13.436, por lo que ese régimen resulta inaplicable al caso.
¿Quién es el actor?
Cooperativa de Vivienda y Consumo Integración y Progreso Ltda.
¿A quién se demanda?
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
cobro ejecutivo de expensas y, en el marco del proceso, la aplicabilidad del régimen de consolidación de pasivos (ley 12.836 y sus modificatorias, en especial a la luz de la ley 13.929).
¿Qué se resolvió?
Se dejó establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable en la especie dicho estatuto legal. Se dispone devolver los autos a la Corte Suprema de la Nación.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con la sanción de la ley 13.929 (B.O.P., 30-XII-2008) se contempló un plazo máximo para el pago de las obligaciones que, si bien pondría fin al estado de incertidumbre antes referido (v. pto. 1), al fijar ese límite temporal más allá del previsto por la ley nacional 25.344 (B.O., 21-XI-2000) y su decreto reglamentario 1116/2000, ha determinado una nueva restricción para los acreedores que colisiona con los arts. 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires." (voto de la Dra. Kogan)
"Tal circunstancia altera el espíritu y la unidad de la norma, lo que impide que pueda escindirse su análisis constitucional con el objeto de -eventualmente- otorgar validez al resto de las disposiciones contenidas en la ley." (voto de la Dra. Kogan)
"La ley 13.929 ha agregado al art. 16 de la ley 12.836 ... se establece que el plazo máximo para satisfacer a los acreedores consolidados es de ciento setenta (170) meses, contados desde la fecha de corte, es decir, desde el 30 de noviembre de 2001. Esos catorce años y dos meses ... llevan el plazo máximo de satisfacción de las deudas al día 30 de enero de 2016. Como la legislación nacional fija el plazo máximo en el 1° de enero de 2016, se advierte una diferencia de veintinueve días en perjuicio del acreedor ... quedando la ley siempre fuera de los márgenes establecidos por la legislación nacional, es decir, sin que se salve la tacha de inconstitucionalidad que la afectaba." (voto del Dr. De Lázzari)
"La norma nacional consolida las deudas hasta el 31-XII-1999 y establece un plazo máximo de pago al contado de 16 años (equivalente a 192 meses), mientras que la local atrapa las deudas hasta el 30-XI-2001 y establece un plazo máximo de pago al contado de 170 meses desde entonces, surgiendo -además de un exceso en el universo de deudas así consolidadas por falta de adhesión a las normas de prórroga de la ley nacional- una demasía en el plazo previsto para la cancelación al contado, lo que demuestra per se el exceso de la legislación local, en clara colisión con la norma nacional de rango prevalente, a la que adhiere." (voto del Dr. Pettigiani)
Bloque dispositivo final (acuerdo/SENTENCIA): "Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se deja establecido que con la sanción de la ley 13.929 no se han superado los señalamientos que justificaran la declaración de inconstitucionalidad del régimen de consolidación de pasivos consagrado por la ley 12.836 y su modificatoria ley 13.436, tornándose inaplicable al caso el mencionado estatuto legal."
¿Cómo votaron los jueces?
los votos reproducidos (Dra. Kogan, Dr. Negri por adhesión, Dr. De Lázzari, Dr. Pettigiani) sostienen la negativa; el acuerdo final recoge esa conclusión por mayoría.
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