Pradera del Sol c/Municipalidad de General Pueyrredón s/Demanda contencioso administrativa
Demanda contencioso administrativa por reconocimiento de crédito por conservación y mantenimiento de 1.500 parcelas en cementerio. La Corte provincial hizo lugar a la demanda, dejó sin efecto los decretos municipales que desconocieron el convenio y reconoció el derecho de la actora al cobro de los importes consignados en el decreto 1577/1995, con más intereses y costas.
¿Quién es el actor?
Pradera del Sol S.A.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de General Pueyrredón
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugnan decretos municipales que declararon nulo el convenio celebrado el 19-V-1995 y rechazaron la revocatoria; se reclama el pago de un crédito reconocido por la Municipalidad por tarifas de conservación, cuidado y mantenimiento de 1.500 parcelas en el Cementerio Parque "Los Robles", con intereses y costas.
¿Qué se resolvió?
Se hace lugar a la demanda; se dejan sin efecto los actos administrativos impugnados; se restablece la vigencia del decreto del Intendente 1577 del 14-XI-1995 reconociendo el crédito de la actora (capital e intereses), con descuento de las sumas ya percibidas; se reconoce además el derecho a percibir las sumas mensuales por gastos comunes desde el 1-I-1996 hasta la Ordenanza 11.220 del 5-VI-1997; intereses sobre el capital a la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires; pago dentro de 60 días; costas por su orden.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
La Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que la decisión impugnada importó convalidar las facultades de revocación de la Administración municipal y en ello debió ponderarse si podían ser ejercidas sin vulnerar las previsiones del art. 5 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo entonces vigente y los arts. 114, 117 y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos local, máxime si se repara en el hecho que antes de concluir el acuerdo celebrado el 19 de mayo de 1995 (y ratificado por el decreto 1577/1995) la administración dio intervención a sus dependencias técnicas, las que, reiteradamente, aconsejaron aceptar la deuda que reclamaba la actora y suscribir el convenio que posteriormente se pretendió desconocer mediante el decreto 394/1996.
Destacó que dicho análisis era ineludible pues los contratos administrativos constituyen una ley para las partes; en ellos el principio es siempre el cumplimiento de lo pactado (pacta sunt servanda) y la modificación unilateral llevada a cabo por la Administración con independencia de la voluntad del contratista, no puede ser justificada a la luz de lo expresamente dispuesto por el art. 1197 del Código Civil.
En mérito a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde hacer lugar a la demanda interpuesta, dejando sin efecto los actos administrativos impugnados, lo que importa restablecer la vigencia de los actos revocados, reconocer el derecho de la actora al cobro de los importes consignados en el decreto del Intendente municipal 1577 del 14-XI-1995 con valores determinados en pesos en concepto de capital e intereses (v. fs. 143/145, exp. adm.), tal como expresamente fuera consignado en dicho acto.
A ello deben descontarse las sumas percibidas y de las cuales se da cuenta en la demanda (meses de setiembre, octubre y noviembre de 1995; fs. 88 vta.).
Debe hacerse extensivo el reconocimiento al período posterior que no integra el procedimiento administrativo y comprende la pretensión de autos y que abarca desde el 1-I-1996 y hasta la Ordenanza 11.220, sancionada el 5-VI-1997 por el Concejo Deliberante, por la cual se renunció al derecho real de uso constituido sobre las 1500 parcelas (fs. 166 y 201/204).
Las sumas consignadas en el decreto 1577 representan un crédito consolidado (capital e intereses) que comprende valores hasta el mes de diciembre de 1995. Para el período I-I-1996 al 5-VI-1997 deberá liquidarse en concepto de gastos comunes de mantenimiento el importe mensual consignado en el convenio (art. 3°, fs. 88/89, exp. adm.).
Tanto a los importes consolidados en el decreto 1577, como a las sumas mensuales devengadas posteriormente, a partir del 1-I-1996 deben agregarse los intereses exclusivamente sobre el capital de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C.).
La suma que resulte de la liquidación que ajustada a las pautas indicadas se practique deberá abonarse dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. prov.)
Costas por su orden (arts. 17, C.C.A. y 78 inc. 3°, ley 12.008, texto según ley 13.101).
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
- Ley 13.101 de Buenos AiresModifica ley 12008(codigo procesal contencioso administrativo)
- Ley 12.008 de Buenos AiresCódigo contencioso administrativo
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