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Tribunal Superior

Fiscal de Estado c/Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Lacay, Emilce Mabel s/Demanda contencioso administrativa

El Fiscal de Estado promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires e Instituto de Previsión Social impugnando el reconocimiento de años de servicios fictos en favor de Emilce Mabel Lacay. La Corte rechazó la demanda: aplicó la ley 11.729 con la presunción incorporada por la ley 12.394 y entendió que no se desvirtuó la presunción de que la baja fue por causas políticas, gremiales o estudiantiles.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
B-58987
Recurso de apelacion Demanda contencioso administrativa Ley 11.729 Ley 12.394 Presuncion legal Cesantia por causas politicas Servicios fictos Provincia de buenos aires Instituto de prevision social Rechazo de la demanda

¿Quién es el actor?

Fiscal de Estado.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social y Provincia de Buenos Aires (por el decreto 4321 del Gobernador).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugnan las resoluciones que reconocieron a favor de Emilce Mabel Lacay los años de servicios fictos en los términos de la ley 11.729 y el decreto 4321 que rechazó la oposición; se solicita dejar sin efecto los actos administrativos que otorgaron el beneficio previsional.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda. Costas por su orden. Se regulan honorarios de la abogada de la parte coadyuvante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La ley 11.729 comprende en sus alcances a quienes fueron exonerados o cesanteados de los cargos públicos que ejercían por causas políticas, gremiales o estudiantiles (art. 1), permitiéndoles computar a los fines previsionales y de antigüedad los períodos de inactividad entre el 16 de septiembre de 1955 al 1º de marzo de 1958, 28 de junio de 1966 al 24 de mayo de 1973 y 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983."

"Como puede advertirse el texto legal no menciona ninguna normativa dentro de cuyo marco deba haberse producido el cese del agente. De tal modo si la ley no distingue no tenemos porque distinguir, es evidente que la intención del legislador ha sido la de abarcar de manera amplia a todas aquellas personas que hubieran sido separadas de sus cargos por los motivos que cita, sin distinguir en virtud de que leyes se produjeron las bajas, como así tampoco restringe su aplicación al ámbito de alguno de los poderes del estado."

"Los actos administrativos impugnados en la demanda importaron una cesantía encubierta. Es decir, no se trata de un cese basado en una causa jurídica producto de un procedimiento administrativo, sino de un cese originado en causas políticas del gobierno de ocupación que lo dispuso, siendo esta situación de arbitrariedad el supuesto de hecho de la ley 11.729 y su finalidad fue remediar tales situaciones."

"La ley 12.394, promulgada el 30 de diciembre de 1999, modificó el art. 1º de la ley 11.729 (texto según ley 12.254), agregando un párrafo por el que se establece que, cuando la exoneración o cesantía lo fue en los términos de los decretos leyes 8595/1976 y 8596/1976, se presumirá que lo ha sido por causas políticas, gremiales o estudiantiles, siempre que las bajas se hubieran efectivizado dentro de los dos años posteriores."

"En la demanda, promovida mucho antes de la promulgación de la ley 12.394, el Fisco provincial sostuvo que, aunque la señora Lacay cesó por aplicación del dec. ley 8596/1976, no concurrían en su caso los presupuestos del art. 1 de la ley 11.729... Esa argumentación... ahora, ante la presunción legal (no desvirtuada de forma alguna), deviene definitivamente inatendible."

¿Cómo votaron los jueces?

por la negativa (rechazo de la demanda) votaron los Dres. de Lázzari, Pettigiani, Hitters, Roncoroni y Soria; el Dr. Negri también votó por la negativa aunque con énfasis en la insuficiente motivación del decreto de baja (falta de motivación del decreto 3712).

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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