Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Almirante Brown y otros c/Municipalidad de Almirante Brown s/Demanda contencioso administrativa
El Centro de Martilleros y Corredores Públicos y varios martilleros demandaron la nulidad de actos municipales que exigían habilitación municipal y el pago de la Tasa por Habilitación y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. La Corte rechazó la demanda y sostuvo que, aunque la actividad tiene carácter profesional, las operaciones de corretaje y remate son actos de naturaleza comercial que habilitan la aplicación de las tasas municipales y no configuran zona de reserva que excluya el control municipal.
¿Quién es el actor?
Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Almirante Brown y varios martilleros (Alicia Beatriz Castilla, Luis Enrique Delgado, Amalia Noemí Guarracino, Jorge Enrique Ricart y Ramón Osvaldo Verón).
¿A quién se demanda?
Municipalidad de Almirante Brown.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Anulación de la Resolución de fecha 11-vi-1997 de la Dirección General de Ingresos que exige habilitación municipal y pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene; anulación de la Resolución municipal 114 del 26-xi-1997 que desestimó el recurso jerárquico; inaplicabilidad de la Ordenanza Fiscal 1996 (art. 77, art. 81) y normas tarifarias conexas para martilleros y corredores públicos.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda interpuesta. Costas por su orden. Se regulan honorarios a las apoderadas de la actora. (Sentencia del 7-XI-2007).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En lo sustancial, la nueva normativa impuso como requisito, tanto para ser martillero como corredor -además de la mayoría de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas en la ley-, el haber obtenido '...título universitario expedido o revalidado en la República con arreglo a las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten' (cfr. arts. 1° inc. 'b' y 32 inc. 'a', ley 20.266 -modif. ley 25.028-), suplantando de ese modo la certificación que expedían las Cámaras de Apelación bajo el anterior régimen (art. 88 bis, Cód. Com., texto ley 23.282). De lo expuesto se colige que el carácter profesional atribuido a la actividad a partir del establecimiento de los títulos universitarios creados al abrigo de la nueva normativa, no empece a que el martillero -al realizar la venta de bienes en remate público y al mejor postor- y el corredor -al intermediar entre la oferta y la demanda para facilitar o promover la celebración de contratos- ejerzan actos de comercio, en los términos del art. 8 inc. 3° del Código respectivo."
"La Ordenanza Fiscal 6778 (año 1996) establece en su art. 77 como hecho imponible de la Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias, lo siguiente: 'Por los servicios de inspección dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la habilitación de locales, establecimientos u oficinas destinadas a comercios, industrias y otras actividades o servicios asimilables a tales, aunque se tratare de servicios públicos, se abonarán las tasas que al efecto se establezcan...' ... Por tanto, teniendo en cuenta esa tipificación del hecho imponible que efectúa la norma aplicable no puede dudarse que, en razón de la naturaleza comercial de la actividad realizada en el local en cuestión -a la que ya se ha hecho mención en el punto anterior- su titular se encuentra obligado a abonar el tributo."
"En mérito a las razones expuestas corresponde el rechazo de la pretensión deducida. Voto por la negativa."
Observaciones sobre fundamentación y precedentes: La Corte sostuvo que, si bien la actividad de martillero y corredor tiene carácter profesional (título universitario, matrícula), las operaciones de corretaje y remate están categorizadas como actos de comercio (art. 8 inc. 3º Cód. Com.) y por ello la Ordenanza Fiscal alcanza a las oficinas donde se realizan. La sentencia distingue casos previos en que el ejercicio era netamente profesional no asimilable al comercial y confirma la posibilidad de gestión concurrente entre colegios profesionales y municipios sin superposición inválida de competencias. El informe pericial acreditó inspecciones (aunque esporádicas), lo que satisface la exigencia de prestación del servicio vinculada a la tasa en la medida constitucionalmente exigible.
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Leyes que cita
- Ley 25.028Regimen legal de martilleros y corredores
- Ley 20.266Martilleros
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