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Tribunal Superior

Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada. Quiebra s/Incidente de po de honorarios por el dr.Ignacio Ramón Peña

Incidente por pago de honorarios promovido por el Dr. Ignacio R. Peña contra la Caja de Crédito Martínez en el marco de la quiebra. La Suprema Corte declaró de oficio la nulidad de la sentencia de la Cámara por omitir expedirse sobre la inconstitucionalidad del art. 54 de la ley 21.526 y ordenó que el tribunal de origen dicte nuevamente pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Jurisdicción
Local · Buenos Aires
Expediente
AC-39921
Recurso extraordinario Inconstitucionalidad Art. 54 ley 21.526 Nulidad de oficio Pago de honorarios Incidente Quiebra Devolucion de deposito Camara de apelacion Suprema corte (corte provincial)

¿Quién es el actor?

Dr. Ignacio Ramón Peña, incidentista que promovió el pago inmediato de los honorarios regulados en el juicio ejecutivo seguido contra Anemogeanis Mónica Alicia.

¿A quién se demanda?

Caja de Crédito Martínez Sociedad Cooperativa Limitada (y el Delegado Liquidador que apeló en representación del Banco Central de la República Argentina).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pago inmediato de honorarios profesionales; en el marco del incidente, el actor alegó además la eventual inconstitucionalidad del artículo 54 de la ley 21.526.

¿Qué se resolvió?

La Suprema Corte, por mayoría, declaró de oficio la nulidad de la sentencia de fs. 33 dictada por la Cámara de Apelación (que había revocado la resolución de primera instancia) debido a la omisión de resolver la cuestión constitucional planteada y mantuvo el expediente para que el tribunal de origen, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda. Ordenó la restitución del depósito previo al interesado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Entiendo que la omisión de la alzada de expedirse acerca del caso constitucional articulado, determina que deba declararse oficiosamente la nulidad de dicho pronunciamiento, ya que tal deficiencia impide que esta Suprema Corte conozca debidamente del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 38 desde que en él vuelve a sostenerse la inconstitucionalidad del tantas veces mencionado art. 54 de la ley 21.526 (cf. 'Acuerdos y Sentencias' 1985-I, págs. 976/978)."

"Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se declara nula de oficio la sentencia de fs. 33. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda (art. 156, Const. prov.). El depósito previo efectuado se restituirá al interesado."

¿Cómo votaron los jueces?

El señor Juez Dr. Laborde votó afirmativamente sobre la nulidad por las razones expuestas; los señores jueces Drs. Negri, Mercader, Rodríguez Villar y Salas adhirieron por los mismos fundamentos. En consecuencia, la decisión adoptada es la de la mayoría y se imprime en el bloque dispositivo final.

Leyes que cita

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