Camilli, Carlos Pablo c/Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/Demanda contencioso administrativa
El actor promovió demanda contencioso administrativa solicitando el pago de certificados de obra pública que dijo haber adquirido por cesión. La Suprema Corte rechazó la demanda, sosteniendo que los pagos instrumentados al Banco de la Provincia acreditaron la cancelación de la obligación y que las cesiones posteriores no pueden enervar el efecto liberatorio del pago.
¿Quién es el actor?
Carlos Pablo Camilli, en su carácter de cesionario de ciertos certificados de obra pública.
¿A quién se demanda?
Provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de las resoluciones 862/91 y 1654/92 y el pago de los certificados negociables nº 7849 (10), 7849 (17), 7850, 7860 y 7861 emitidos a favor de Aurora Construcciones S.A., que el actor afirma haber adquirido por cesión.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la demanda. Se confirmó que los pagos efectuados al Banco de la Provincia de Buenos Aires cancelaron las obligaciones respectivas y, por tanto, no procede exigir el pago nuevamente al Instituto de la Vivienda.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En la especie ha quedado suficientemente probado que en razón del indicado negocio jurídico los certificados cuyo cobro se pretende en esta causa fueron cancelados por las órdenes de pago 3084/88 (cert. nº 7850), 3085/88 (cert. nº 7849), 742/90 (cert. nº 7860) y 743/90 (cert. nº 7861) -v. fs. 177, expte. adm. cit.- obrando las fotocopias de los respectivos recibos oficiales a fs. 178/181 de los mismos, e individualizados a fs. 186 los cheques y fechas de pago de las referidas órdenes."
"Por consiguiente, el certificado documenta una única obligación -crédito- expedido por la Administración al contratista con motivo de un contrato de obra pública (art. 41, ley 6021 y su doc.). En este sentido, el Tribunal ha señalado en torno a la naturaleza jurídica de los certificados de obra, que no son otra cosa que un crédito documentado que expide la Administración con motivo de la realización de una obra pública y refleja una obligación de dar una suma de dinero por parte del Estado en pago de una obligación de hacer a cargo del contratista (B. 46.247, 'Pereyra', 22-X-71)."
"Es evidente que su pago al acreedor a través del titular de la prenda en garantía canceló definitivamente la referida obligación (arts. 724, 725, 731 inc. 1º y conc. del C. Civ.). La existencia irregular de otros instrumentos similares en poder de la contratista ... no puede enervar el efecto cancelatorio de los referidos pagos (doctrina arts. 724, 725, 731 inc. 1º, C.C.). Ello sin perjuicio de las acciones civiles que pudieran corresponder a los perjudicados por dicho accionar."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Laborde votó por la negativa; los Dres. de Lázzari, Hitters, Negri y Pettigiani adhirieron al voto del Dr. Laborde. El acuerdo dispositivo final dispone: "Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda. Costas por su orden (art. 17, C.C.A.)."
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