Carpignano, Manuel Angel c/Salina Roberts, Augusta y otro s/Incumplimiento de contrato y daños y perjuicios
El actor promovió demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios por la caducidad de instancia en un proceso anterior. La Suprema Corte rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, considerando que la Cámara y el a quo fundaron adecuadamente la fijación de la indemnización y que las críticas del recurrente no acreditan violación de norma ni doctrina legal.
¿Quién es el actor?
Manuel Angel Carpignano.
¿A quién se demanda?
Augusta Salina Roberts y Fernando Raúl Cano.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Incumplimiento de contrato y daños y perjuicios por la caducidad de instancia en una causa anterior y perjuicios derivados de la inactividad de los apoderados.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor; se confirmaron los razonamientos de la Cámara en cuanto a la fijación de la indemnización (salvo la modificación del monto que la Cámara ya había operado). Se impusieron costas.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"III. Entiendo que el recurso no puede prosperar.
1. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la acción impetrada por Manuel Angel Carpignano contra Augusta Salinas Roberts y Fernando Raúl Cano, fundado en que éstos, en su carácter de letrados apoderados de aquél en la causa 'Carpignano, Manuel Angel c. Vives, Américo Jaime y otro s. Daños y perjuicios', dejaron que el proceso concluyera por una caducidad de instancia (fs. 292/301 vta.), lo que la alzada confirmó, excepto en lo que respecta al monto de la indemnización a otorgar (fs. 366/371).
Según aprecia el recurrente, al cuantificar la indemnización a otorgar en este proceso, el a quo violó el art. 23 del dec. ley 8904/1977, pues el valor del pleito finiquitado por caducidad de instancia, -pauta a la que dice se refiere esa norma- es de $78.197,50 al mes de julio de 1991, monto que -alega- debiera actualizarse a la fecha de su pago. Por ello, entiende que la suma dada en concepto de reparación es exigua y no responde a una reparación integral (fs. 376 vta./377).
... Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene."
Adicionalmente, el Tribunal sostuvo que el art. 23 del decreto-ley 8904/1977 regula honorarios profesionales y "no es apto para determinar el monto de un perjuicio", y rechazó la pretensión de incluir honorarios de la contraria por no haber sido reclamados puntualmente en la demanda. La votación fue unánime en el sentido de negar el recurso (votos de Roncoroni; Negri; Hitters; de Lázzari; Soria).
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