Barce de Carretoni, Zunilda Esther c/Maciel, Mario Alberto s/Daños y perjuicios
La actora reclamó indemnización por daños y perjuicios por la muerte de un familiar, incluyendo el rubro valor vida. La Corte rechazó el recurso extraordinario y confirmó la regla de que la vida humana no tiene, por sí sola, valor pecuniario indemnizable; negó el reconocimiento del rubro valor vida y confirmó la distribución de costas.
¿Quién es el actor?
Barca de Carretoni, Zunilda Esther.
¿A quién se demanda?
Maciel, Mario Alberto.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
demanda por daños y perjuicios derivados de la muerte de una persona; se reclamó, entre otros, el rubro denominado "valor vida", además de daño moral y gastos funerarios.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora y, en consecuencia, se confirmó la solución de mérito respecto a la no procedencia del rubro "valor vida"; costas por su orden (arts. 84 y 289, C.P.C.C.). Votaron por la negativa los Dres. Negri, San Martín, Mercader, Laborde y Rodríguez Villar (mayoría).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Si bien no se me oculta que esta Corte tiene reiteradamente decidido que la existencia de daño es manifiesta cuando se trata de la pérdida de vidas humanas, puesto que se trata de un valor susceptible de apreciación pecuniaria ('Acuerdos y Sentencias', 1962–II–998; 1965–II–805; 1965–III–112, entre otros) y más recientemente que la vida tiene normalmente valor económico por sí misma, de modo que para que haya lugar a la indemnización por causa de muerte no es necesario que se demuestren perjuicios determinados y concretos (D.J.B.A. t. 76, p. 265 y t. 82, p. 37), coincido con quienes forman mayoría en la doctrina nacional sosteniendo que la vida humana no tiene por sí un valor pecuniario porque no está en el comercio ni puede cotizarse en dinero. Es un derecho de la personalidad, el más eminente de todos, empero, no obstante la importancia que tiene para el hombre su vida, no constituye un bien en el sentido que usó esa denominación el art. 2312 del Código Civil como objeto material o inmaterial susceptible de valor, solo tiene valor económico en consideración a lo que produce o puede producir."
"La vida humana —escribe Aguiar— tomada no como la mera actividad funcional y orgánica del hombre sino como el desenvolvimiento pleno y armónico de esas actividades y de las del espíritu en una equilibrada conjunción, necesaria para su desarrollo y el cumplimiento de su alto destino, constituye un bien en el amplio sentido que le hemos atribuido a ese vocablo, o sea, como 'el de todo aquélla que nos puede servir de algo'; como 'el de todo aquello que nos reporta algún beneficio o utilidad, y que contribuye al bienestar del hombre sea cual fuere su naturaleza material o moral'. Todos esos bienes reciben el calificativo de jurídicos, en virtud de la protección que el derecho les dispensa; pero ello no basta por si para que entren a figurar entre los 'bienes económicos', ya que, para que merecieren tal calificativo, fuera preciso que adquirieren un valor en cambio, que fueran apreciables pecuniariamente, que entraran a figurar en el mercado de los valores y la vida, por si sola, está fuera de él (Aguiar, H. D., 'Hechos y actos jurídicos', IV, 1, Ed. T.E.A., Bs. As. 1951, pág. 584)."
"Para Borda, a su vez, esta fue una inteligente creación jurisprudencial que se justificaba cuando el Código Civil solo autorizaba la indemnización del daño moral en casos de delitos de derecho criminal (art. 1078, hoy derogado). ... Si no hay daño económico, no existe ningún perjuicio económico que indemnizar. Lo que hay es un daño moral y eso sí es indemnizable (Borda, G.A., 'La vida humana ¿tiene por sí sola un valor económico resarcible?' en El Derecho, t. 113, nro. 6256)."
"Por las razones expuestas, voto por la negativa."
¿Cómo votaron los jueces?
el acuerdo concluye rechazando el recurso extraordinario, con la mayoría integrada por los Dres. Negri, San Martín, Mercader, Laborde y Rodríguez Villar. El voto analiza la doctrina y doctrina jurisprudencial citada y sostiene que la indemnización procede en función de daños patrimoniales concretos vinculados a lo que la vida podía producir, y que el daño moral debe compensarse por sus propios parámetros; asimismo se concluye que la presunción del art. 1084 puede ser destruida por prueba (se menciona que en el caso la presunción fue destruida por las manifestaciones de la actora en autos).
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