Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C/184/15 (Cámara de Apelaciones y Control) Recurso de apelación interpuesto por el Dr. Arturo Pfister Puch en el Expte. Nº P-114.830/15 (JC Nº 4 - FIP Nº 8) caratulado: F, S.; A., M. p.s.a.
La defensa impugnó por inconstitucionalidad la orden de lanzamiento y la restitución del inmueble en una causa por usurpación. La Sala Penal del Superior Tribunal rechazó el recurso, confirmando la procedencia de la restitución provisoria al titular registral y considerando inaplicable la Ley Nº 26.160 para impedir el desalojo del excedente del comodato.
¿Quién es el actor?
Recurrente por inconstitucionalidad: Dra. Silvana Morel, defensora técnica de S. J. F. y M. E. A. (imputados).
¿A quién se demanda?
Cámara de Apelaciones y Control / Ministerio Público? (impugna la resolución de la Cámara y del Juez de Control; querellante particular: Compañía Minera Piuquenes S.A. como damnificada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se impugna por inconstitucional la orden de lanzamiento y la confirmación del desalojo ejecutado sobre terreno vinculado a un contrato de comodato (disputa sobre si se desalojó el excedente o todo el predio de 3.564 m²), y se alega aplicabilidad de la Ley Nº 26.160 y personería de la Comunidad Aborigen Las Capillas.
¿Qué se resolvió?
Rechazó el recurso de inconstitucionalidad; confirmó la restitución provisional del uso y goce al denunciante (Compañía Minera Piuquenes S.A.) respecto del excedente usurpado; regularon honorarios (Dra. Morel $2.800; Dr. Pfister Puch $3.500) y costas a la recurrente.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"I) Ab initio, conviene precisar que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si existieron elementos que permitan reintegrar el inmueble al denunciante en el marco de un, inconcluso, proceso penal por usurpación. Se trata, simplemente, de analizar si las piezas de convicción existentes hasta el momento son suficientes para confirmar la medida cautelar despachada siempre con miras a evitar que el presunto delito siga produciendo sus efectos dañosos (Fallos 319:2325) y conforme a los derechos que el ordenamiento jurídico le reconoce a la víctima (artículos 340.6 y 159.7 del Código Procesal Penal).
Además, es forzoso señalar que la solución que aquí se adopte no implica juzgar la responsabilidad penal de los imputados, aspecto que se decidirá en la etapa oportuna del juicio penal y tampoco los derechos que eventualmente pudieran corresponderle a la comunidad sobre las tierras involucradas, extremo que se dilucidará en sede civil una vez que se promueva la acción correspondiente. Por lo que la prejudicialidad civil que alega la defensa es irrelevante para impedir la restitución realizada -provisoria si se quiere- a quien aparece como titular registral."
(Del apartado IV de la sentencia:) "En la aludida norma el Congreso declaró, por el término de 4 años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que “tradicionalmente ocupan” las comunidades indígenas originarias del país y ordenó la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de aquellas tierras, bajo ciertos requisitos: las comunidades indígenas deben contar con personería jurídica inscripta en el registro nacional o provincial competente o aquellas preexistentes y la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada (artículos 1º y 2º). Aquel plazo fue prorrogado hasta el 23 de noviembre de 2017 mediante Ley Nº 26.894.
Si bien se mira, el precepto está previsto para supuestos de hecho distintos a los aquí ventilados; esto es, para aquellos casos en que las comunidades indígenas ostenten, al tiempo de la sanción, la posesión tradicional de las tierras con el deliberado propósito de que el INAI pueda completar el relevamiento de las tierras y las comunidades que las ocupan y dar, así, cumplimiento a la manda constitucional (artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional).
Más aún, cabe sostener que, la ley no ampara a aquellas personas que tratan de obtener la propiedad o la posesión por vías de hecho; tal como se desprende del debate parlamentario: “En la legislación argentina existen los remedios y las vías apropiadas para esto; no es esta norma la que permite accionar en ese camino inadecuado, indebido e ilegítimo” (expresiones del diputado Carlos Daniel Snopek). Con mayor elocuencia, lo señaló la senadora Sonia Margarita Escudero: “Con eso estamos dando un mensaje claro a los jueces de que ésta no es una ley para justificar usurpaciones de campos”.
Ergo, la Ley Nº 26.160 es inaplicable con miras a suspender el desalojo de los imputados respecto del sobrante del terreno dado en comodato, como lo pretende la defensa.
En consonancia con lo expresado y como pauta de interpretación, conviene recordar la categórica redacción del artículo 2239 del Código Civil y Comercial: “Un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o la tenencia no puede tomarla; debe demandarla por las vías legales” (cursiva añadida). En suma, es claro que la protección posesoria se confía a los medios judiciales y no a la propia autoridad del poseedor. “El ordenamiento jurídico repudia las vías de hecho, tanto para el mantenimiento del estado de hecho actual como para su restablecimiento” [14]."
¿Cómo votaron los jueces?
La Dra. De Falcone votó en disidencia (a favor de declarar la nulidad de la resolución del Juez de Control y de la Cámara), entendiendo que existió ejercicio jurisdiccional ultra petita y ausencia de prueba suficiente para el desalojo. Su voto concluye: "Así las cosas, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de M. E. A. y S. F. debe tener favorable acogida. Corresponde entonces declarar la nulidad de la resolución del señor juez de control Nº 4..." (voto disidente).
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Leyes que cita
- Ley 26.894Comunidades indigenas
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
- Ley 26.160Comunidades indigenas
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