Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-211.232/09 (Cámara en lo Civil y Comercial – Sala III – Vocalía 7): ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: Sara Gabina Zapana c/ ESTADO PROVINCIAL
La actora promovió demanda por daños y perjuicios contra el Estado Provincial por inclusión errónea en prontuario y detención para identificación. El Superior Tribunal confirmó el rechazo del recurso y sostuvo que la actuación policial fue lícita y, aunque hubo un error de registro, no configuró un sacrificio especial ni daño acreditado que imponga responsabilidad estatal.
¿Quién es el actor?
Sra. Sara Gabina Zapana, representada por el Dr. Ariel Humberto Chauque.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial de Jujuy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción ordinaria por daños y perjuicios por la inclusión indebida en prontuario policial y la identificación/detención derivada de esa inscripción, por un hecho ocurrido en 2000 y diligencia policial en 2009.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que había rechazado la demanda; se impusieron las costas del recurso y se regularon honorarios al abogado de la actora por $1.634 más IVA si corresponde. Fecha de acuerdo: 5/9/2017.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Para la resolución de la causa, concretando el análisis del caso, cabe verificar si el hecho motivo de la demanda y que fue generador del daño invocado resultó ser una consecuencia del regular desempeño del Estado en el cumplimiento de las funciones propias de seguridad que le impone la ley a su cargo.
Y, si bien esa actuación lícita puede generar perjuicios a particulares, la responsabilidad del Estado en este supuesto resulta justificada en pos del interés general, debiendo estos últimos soportar los mismos como una carga de contribución al logro de afianzar la justicia, siempre y cuando ella sea de carácter general.
El yerro generador del hecho denunciado como causante de daños, surge de un registro legítimo, en el que el tratamiento de la información no es de carácter público, sino sólo aprovechable en la investigación civil, penal o contravencional de las personas, en el que se conservan datos archivados, dada la necesidad de tener acceso a los mismos en forma indiscriminada, y sólo como información preventiva e ilustrativa sobre la conducta particular de cada ciudadano, en beneficio de la comunidad de la que forman parte."
"Aplicadas tales directivas al caso bajo revisión, podemos comprobar que el hecho generador del daño invocado, deriva efectivamente de un actuar lícito del Estado, cumplido como imperativo legal, el que si bien pudo evitarse de haberse valorado la antigüedad del asiento, que podía hacer presumir su prescripción o imponer la comprobación del mantenimiento o no de la necesidad de la identificación de la persona denunciada; sabido es, sin embargo, que al no existir constancia expresa de ello, el oficial público, en resguardo de la sociedad toda, tiene la obligación de cumplir la ley, la que en el caso consistía en la averiguación de antecedentes de la misma..."
"Es decir que la recurrente, no logra demostrar el cumplimiento de ninguno de los recaudos tenidos en cuenta para la procedencia de su pretensión, ya que a pesar de la molestia que le generó el hecho de haber sido demorada e identificada sin oportuna necesidad, tal hecho si bien derivó de un error de registro, el mismo no configuró un sacrificio especial en la perjudicada, quien a su vez se ha limitado a invocar la producción de un daño, pero sin demostrarlo."
¿Cómo votaron los jueces?
Unánime (los Dres. Jenefes y De Langhe de Falcone adhieren al voto de la Dra. Altamirano). Bloque dispositivo final coincide con el voto mayoritario.
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