Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº C-073.864/2016 (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala I – Vocalía 1) Amparo Genérico: Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy
El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy interpuso acción de amparo para impedir descuentos por huelga y pedir el reintegro de haberes. La Sala III del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que había desestimado la acción por falta de legitimación activa, con imposición de costas y regulación de honorarios.
¿Quién es el actor?
Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, representado por el Dr. Mario César Culcuy.
¿A quién se demanda?
Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo con medidas cautelares para paralizar la aplicación de descuentos salariales por adhesión a paros efectuados en agosto de 2016 y, en su caso, ordenar el reintegro de las sumas descontadas; tutela preventiva del derecho de huelga.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo (13/12/2016) que había hecho lugar a la excepción de falta de legitimación activa y rechazado la acción de amparo. Se impusieron las costas a la recurrente y se regularon honorarios del apoderado recurrente en $2.800 más IVA. Voto unánime (Drs. González, Otaola y De Langhe de Falcone).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De la trascripción efectuada surge sin lugar a dudas que el sindicato acciona en representación de los empleados esgrimiendo derechos individuales de aquellos, ya que solicita que no se les descuenten los días de paro efectuados en el mes de agosto de 2016, o en su caso, se ordene el reintegro de las sumas retenidas. Es decir que la actora ha interpuesto una demanda de índole patrimonial en representación de los trabajadores para lograr el reconocimiento de sus derechos individuales. Para ello debió acreditar -como lo destacó el a quo- la representación legal o el consentimiento de sus afiliados a fin de justificar su intervención en defensa de los derechos individuales de ese grupo de empleados."
"Esta exigencia surge de la propia ley que prescribe que 'para representar los intereses individuales de los trabajadores deberá acreditar el consentimiento por escrito, por parte de los interesados, del ejercicio de dicha tutela (art. 22 del Decreto 467/88) y a su vez del Decreto 757/01 que establece que 'las asociaciones sindicales de trabajadores, desde su inscripción, gozan del derecho de representar ante el Estado y los empleadores, los intereses individuales de sus afiliados con los mismos requisitos previstos por el art. 22 del decreto 467/88'."
"Reiteradamente este Superior Tribunal de Justicia -siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común... Esta tacha no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. González presentó el voto que fundamenta la decisión; los Dres. Otaola y De Langhe de Falcone adhieren. El dispositivo final rechaza el recurso, impone costas a la recurrente y regula honorarios ($2.800 + IVA).
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