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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. C-065.814/2016 (Tribunal Contencioso Administrativo – Sala I – Vocalía 2) Amparo por Mora: Renfiges Irma Celina c/ Estado Provincial

La actora promovió amparo por mora contra el Estado Provincial reclamando actuación administrativa y se agravió por la imposición de costas. La Sala III del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad, confirmó la distribución de costas contra la actora y reguló honorarios por $2.450.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia / Superior Tribunal de Justicia
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-12903/2016
Amparo por mora Administracion publica Costas Articulo 54 ley 1.886 Ley 5.251 Excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad Admisibilidad Honorarios $2.450 Estado provincial Definitividad

¿Quién es el actor?

Renfiges Irma Celina (parte actora en amparo).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial (Ministerio de Educación / administración pública provincial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo por mora en la tramitación administrativa (solicitud de la actora respecto de expediente administrativo CU-1050-930/15 y Resolución Nº 1326-E-16).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora; se confirmó la sentencia de primera instancia que declaró abstracta la acción de amparo e impuso las costas a la actora; se regularon honorarios profesionales del Dr. Aníbal Massaccesi en $2.450 (más IVA si corresponde).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"6) Corresponde en primer orden verificar si concurre algún presupuesto de admisibilidad formal del recurso aquí deducido.

Considero que en la especie la sentencia recurrida está dentro de la noción de definitividad, exigida como recaudo formal de admisibilidad en el art. 8 de la ley 4346 y sus modificatorias. Por ello el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en autos, es formalmente admisible."

"7) Ceñida la cuestión al agravio sobre las costas impuestas a la actora, cabe decir que comparto la opinión vertida en el Dictamen de Fiscalía General de este Superior Tribunal de Justicia, en la medida en que en principio no admite discusión en esta instancia. Las cuestiones relativas a la distribución de costas remite al análisis de la fijación de los hechos de la causa y la prueba valorada para ello, por lo que, salvo absurdo manifiesto, no puede ser objeto de revisión mediante el recurso de inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de ello, atento que la parte recurrente se agravia de la supuesta invocación arbitraria del art. 54 de la ley 1.886, como fundamento para la imposición de costas, cabe advertir que no se ha demostrado en sede judicial una mínima comparecencia del solicitante en procura de conocer el curso del trámite de las actuaciones administrativas. El aludido artículo 54 de la ley 1.886 establece una norma que impone, más allá de lo dispuesto por la cláusula 33 de la constitución de nuestra provincia, un deber general que le cabe a toda persona interesada para que concurra a enterarse de los trámites y providencias inherentes al procedimiento administrativo que le concierna, quien en ejercicio del onus probandi, tiene la carga de esa prueba.

No hay, por ello, en el decisorio impugnado, arbitrariedad. ... Y esto último faltó en la especie. La parte recurrente muestra una discrepancia en torno a la interpretación del art. 54 de la ley 1.886 y sus modificatorias, lo que no alcanza a tachar de arbitrariedad a la sentencia recurrida en materia de costas."

"Además, respecto de la invocación de la ley 5.251, de la norma allí consagrada se desprende que los empleados públicos no están obligados al pago de ninguna clase de costas o gastos, mas ello no empece a su imposición. Pues los abogados del Estado no pueden percibir, ni perseguir honorarios de ninguna especie, según lo estipulado por el artículo 2 de la ley 5251, por lo que es lógico no se efectúe regulación.

Propongo que los honorarios se regulen conforme lo dispuesto en L.A. Nº 19, Fº 182/184, Nº 96, es decir en la suma de $ 2450 para el Dr. Aníbal Massaccesi. A dicha suma deberá añadirse el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder.

Por tratarse de materia incluida en la ley 5251, no se regulan honorarios para Fiscalía de Estado."

¿Cómo votaron los jueces?

Los tres miembros de la Sala (Dres. Baca, Bernal y De Langhe de Falcone) adhirieron al voto que expone los considerandos y firmaron el dispositivo final.

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