Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-145.146/05 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala III- Vocalía 9) Ordinario por daños y perjuicios: Rodríguez, Graciela Patricia c/ Fernández, Alberto Federico; Santa Ana S.R.L. y El Ramale
La actora promovió demanda por daños y perjuicios derivados de un siniestro vial contra Alberto Federico Fernández, Santa Ana S.R.L. y Transporte El Ramaleño S.R.L., reclamando diversos rubros indemnizatorios. El Tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Santa Ana S.R.L., revocó la cuantía fijada por el concepto “privación de uso del automotor” y ordenó remitir las actuaciones al tribunal de origen para que reforme ese rubro y regule honorarios.
¿Quién es el actor?
Graciela Patricia Rodríguez (actora originaria).
¿A quién se demanda?
Alberto Federico Fernández; Santa Ana S.R.L.; Transporte El Ramaleño S.R.L. (y se hizo extensiva la condena a Trainmet Seguros S.A., en los límites del seguro).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por accidente de tránsito: daño material (reparación del automotor), privación de uso del automotor (gastos de transporte alternativo), gastos médicos, daño físico (incapacidad 20%), daño moral y lucro cesante.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Santa Ana S.R.L. y, en consecuencia, se revocaron los puntos 1) y 4) del decisorio de cámara recurrida. Se remitió la causa al tribunal de origen para que modifique el monto indemnizatorio correspondiente al rubro “privación de uso del automotor” conforme los lineamientos del voto mayoritario y que regule nuevamente los honorarios profesionales en función de la nueva base económica. Se impusieron las costas a la recurrente y se difirió la regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En cuanto al admitido, referente a la privación de uso del automotor, cabe destacar que el Tribunal sentenciante estimó adecuada la suma de $1.000 (como capital histórico) teniendo en cuenta los comprobantes de taxis y remises que rolan a fs. 3/11 y “el tiempo que razonablemente habrá demandado la reparación” (sic) no obstante lo cual, advierto que no precisó cuánto habría durado dicho período, aunque fuere estimativamente, ni tampoco lo acreditó la actora en su momento.
De tal manera, considerando que los daños en el vehículo fueron de escasa envergadura, según dan cuenta las fotografías de fs. 106/107 del ppal. y el informe pericial técnico efectuado por la Policía de la Provincia, obrante en el Expte. penal Nº 1.803/04 agregado por cuerda (v. fs. 27/29) circunstancia que sólo habría requerido de unos pocos días en un taller de chapa y pintura para su entera reparación (ya que las auto-partes esenciales del rodado se encontraban en un buen estado de uso y funcionamiento, conforme se indicó en tal pericia técnica) y teniendo en cuenta que aquellos comprobantes de gastos por servicios de transporte alternativo valorados por el a-quo, corresponden a un lapso de aproximadamente sesenta días y que la sumatoria de todos ellos arrojan la cantidad de $171, es decir, un promedio de $2,85 por día, estimo que resulta irrazonable la determinación de $1.000 para resarcir este daño; máxime, cuando a tal cantidad, además, por ser histórica, se le añaden intereses y con ello se obtiene la suma total de $3.409 como monto de condena.
Por ello, estimo que debe morigerarse la cuantía indemnizatoria bajo análisis, ya que, si bien es cierto que su valoración es -en principio- extraña a este remedio extraordinario, desde que implica volver a examinar cuestiones de hecho y prueba, esta regla debe ceder cuando el monto recurrido resulta desmesurado; tal como acontece -a mi juicio- en el sub-examine. Así, el rubro ‘privación de uso del automotor’ no puede quedar fijado en la suma de $1.000.
Esta cantidad deberá ser morigerada considerando que, como lo sostuviera este Superior Tribunal de Justicia en anterior integración: '… la determinación prudencial del monto de la condena que autoriza el art. 46 del Código Procesal Civil, significa que la ley ha encomendado al juez la fijación de una cantidad liquida, aunque no resulte justificado su monto, si su existencia estuviera legalmente comprobada, pero tal juicio de equidad no supone arbitrariedad, toda vez que para ello el sentenciador deberá dejar constancias de las pautas ponderadas prudentemente para arribar a la determinación del monto, es decir, lo que se ha designado sintéticamente como un criterio subjetivo y objetivo integral. Entonces, es la prudencia la que debe presidir el razonamiento del juez al decidir el monto de la condena, en ese supuesto del art. 46 que el de autos' (L.A. Nº 38, Fº 1481/1486, Nº 574).
De tal manera, corresponde remitir la causa al Tribunal de origen para que modifique el punto en la sentencia impugnada, efectuándose nuevos cálculos en función del lapso de tiempo que razonablemente pudo demandar la reparación del vehículo y los importes dinerarios del transporte alternativo utilizado por la actora, según los comprobantes que acompañó al efecto.
Asimismo, deberá practicarse una nueva regulación de honorarios profesionales, toda vez que habrá cambiado la base económica que sirvió inicialmente para ello."
¿Cómo votaron los jueces?
El fallo contiene adhesión de los Dres. del Campo y De Langhe de Falcone al voto de la Dra. Altamirano; el bloque resolutivo final (tres firmas) corresponde a la decisión mayoritaria y prevalece.
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