Riesgo de Trabajo: TAPIA Diego Armando c/ Estado Provincial
El actor promovió demanda por accidente de trabajo contra el Estado Provincial reclamando indemnización por secuelas auditivas y psiquiátricas. La Sala I del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda y condenó al Estado Provincial a pagar $4.429,06 más intereses y costas, con regulación de honorarios y perito.
¿Quién es el actor?
Señor Diego Armando TAPIA, con patrocinio del Dr. Ariel León RUIZ y apoderado Dr. Ramiro Ignacio SAN JUAN.
¿A quién se demanda?
Estado Provincial (Provincia de Jujuy), representada por el Procurador Fiscal Dr. Dante Oscar RIVAS.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por accidente de trabajo (Ley 24.557) por evento del 30/12/2012 con secuelas en oído (trauma acústico), dedo y rodilla y cuadro ansioso-depresivo reactivo.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda y se condenó al Estado Provincial a abonar PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 06 CENTAVOS ($4429,06) en concepto de indemnización por accidente de trabajo e intereses; costas a la vencida; se regularon honorarios profesionales y periciales (monto y forma consignados en la parte resolutiva).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
V.- "El Dr. ALBA en su informe, diagnostica que las hipoacusias producidas por trauma acústico son bilaterales, neurosensoriales, con caída en las frecuencias altas, que determinan una curva característica, que si se observa en la audiometría presentada. Por lo que corresponde catalogar a la lesión como trauma acústico y se relaciona con la exposición del mes de diciembre de 2012 a la que se expuso el Sr. Tapia. Agrega que si presenta secuelas del accidente y le corresponde una incapacidad parcial, permanente y definitiva por trauma acústico del 0,13%. Concluye que al momento del examen el paciente no refiere trastornos psicológicos, no aporta psicodiagnostico, contrariamente a la consulta médica y audiometría realizada previa a la consulta.
Como consecuencia de la ausencia de interconsulta psicológica, y ante la observación y requerimiento del apoderado del actor, es que por decreto de Presidencia de trámite se dispone remitir al Departamento Médico del Poder Judicial los presentes obrados, informando la Dra. Mabel Sanchez a fs. 203/207 que al momento del estudio no se constata patología psiquiatrica que se encuentre relacionada causal ni concausalmente con el evento del año 2012. Presentó sintomatología acorde a lo sucedido en el período inmediato y mediato con adecuada evolución, correspondiendo el último certificado emitido por médico psiquiatra, de acuerdo a los antecedentes de autos, al dia 25 de junio de 2014 (la cobertura del ISJ abarcó desde el mes de enero del año 2013 a mayo del año 2014) lo que concurre aún mas a configurar la figura del “ser el perjudicado” ya que no continúa tratamiento por sus medios, al serle retirada la anterior. Concluye la médica que sería conveniente su reintegro laboral a fines de favorecer la continuación del desarrollo de sus capacidades.
A mérito de lo dictaminado por ambos profesionales, en los informes periciales referidos, los que entiendo se encuentran debidamente fundados, no tengo motivos técnicos, ni científicos para apartarme de ellos, por lo que corresponde tener por cierto que el actor padece una incapacidad parcial permanente y definitiva que asciende al 0,13 %."
VI.- "Corresponde ahora analizar la tercera cuestión, es decir el monto de la indemnización a percibir por el actor. Para ello procedo a calcular el ingreso base mensual con los recibos de haberes que son anteriores a la fecha del accidente (fs. 33/46), dividido por los días que comprenden esos recibos (Art. 12° Ley 24.557), (74178,33/36530,4=6177,88) considerando el coeficiente de edad a la fecha del accidente (65/33=1,96) y el porcentaje de incapacidad determinado en la presente por los argumentos expuestos (0,13%), resulta el siguiente cálculo en un todo conforme lo dispuesto por el Art. 14 ap. 2do. inc. a): 6177,881,96530,13%=834,28.
Dicho ello, en lo que se refiere a la tasa de interés a aplicar, tal como lo venimos sosteniendo en casos análogos al presente (accidente anteriores a la vigencia de la Ley 26.773), si a ello le aplicáramos la que los Tribunales del Trabajo venimos empleando para los casos más actuales, obtendríamos como resultado que el trabajador no perciba una indemnización ni justa ni razonable, ya que el dinero que debió cobrar en su oportunidad, se ha visto depreciado con el transcurso del tiempo.
Teniendo en cuenta lo expresado precedentemente, lo opinado por nuestro Superior Tribunal de Justicia en reiteradas oportunidades, que los Tribunales para determinar la tasa de interés debemos velar que con la fijación de la misma, no medie abuso del derecho o enriquecimiento ilícito o que ello configure imprevisión o lesión al orden público, la moral o las buenas costumbres (LA 57 Nº de Registro 78); y lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, la tasa de interés debe ser evaluada por los jueces de la causa como una alternativa para evitar que los efectos de la depreciación monetaria incidan solamente sobre quién fue víctima del daño, tema para el cual los magistrados deben ponderar los antecedentes del caso y las circunstancias económicas para determinar con criterio prudencial el interés aplicable (Fallo 333:447), criterio éste de nuestro Máximo Tribunal que ha sido receptado por el Art. 771 del CCYCN, el cual establece que los jueces nos encontramos facultados a fijar una tasa cuyo resultado no resulte desproporcionado para ninguna de las partes (Art. 771 del CCyCN).
En virtud de los fundamentos expuestos, es que la tasa de interés que propiciamos aplicar conforme lo ya sostenidos en anteriores pronunciamientos (Expediente Nº C-015.674/13, caratulado: “ROMERO BERNABE c/ PROVINCIA ART S.A.”, entre otros), de tal manera que el capital originario no se vea licuado por el envilecimiento de nuestra moneda en el transcurso del tiempo que se tramitan las causas judiciales, es de dos veces y media la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la ocurrencia del evento dañoso hasta la fecha de la presente. En sentido similar, nuestro Superior Tribunal de Justicia ha expresado que “…la necesidad de una reparación justa y equitativa, y a los fines de brindar una tutela judicial efectiva, entiendo que, desde el acaecimiento del accidente y hasta la fecha de la liquidación de la sentencia, se deberá aplicar al capital que arroje la fórmula indemnizatoria especial (según decreto 1694/09), dos veces y media la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuentos de documentos comerciales a 30 días;…” (LA Sala Laboral Nº 2 Nº de Registro 185).
Conforme lo expresado, al importe determinado en concepto de capital corresponde aplicarle el interés de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la día en que ocurrió el accidente. Dicho ello, practico la siguiente liquidación:
Fecha del Accidente: 30/12/2012
Capital: $ 834,28
Tasa: 215,4418 %
Intereses: 1797,392.5= 3594,78
TOTAL CAPITAL E INTERESES al 28/11/2019: $ 4429,06
(interes tasa activa/fuente para su cálculo: http://cajaforense.org.ar/)"
VII.- "A mérito de los expuesto es que propicio hacer lugar a la acción de reparación con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo, debiéndose condenar a la accionada al pago de la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 06/100 CENTAVOS ($4429,06) calculados a la fecha de la presente; dicho importe deberá ser abonado en un solo pago, conforme lo tiene sentado nuestro Superior Tribunal de Justicia en innumerables fallos... Finalmente la suma establecida por capital, continuará generando el interés de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de sentencia hasta el día de su definitivo y cancelatorio pago."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Domínguez votó con los fundamentos anteriores; el Dr. Chazarreta adhirió al primer voto. Se deja constancia que la Dra. Ana Cecilia Albornoz no suscribe por haberse acogido al beneficio jubilatorio.
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.994Codigo civil y comercial de la nacion
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
Más jurisprudencia sobre
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.