Gutiérrez Hilarión Orlando c/Provincia ART S.A. s/enfermedad/accidente de trabajo
El actor promovió demanda contra Provincia ART S.A. por reparación económica de la incapacidad derivada de un accidente de trabajo ocurrido el 24/11/2017. La Sala II del Tribunal del Trabajo hizo lugar a la demanda, declaró inaplicables normas procesales de la LRT y condenó a la demandada a resarcir una incapacidad del 8,89%, difiriendo el monto de la condena hasta acreditación de remuneraciones.
¿Quién es el actor?
Hilarión Orlando Gutiérrez, representado por el Dr. Eduardo Esteban Uriondo.
¿A quién se demanda?
Provincia ART S.A. (aseguradora).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reparación económica por incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo (siniestro 24/11/2017), indemnizaciones previstas en art. 14 inc. 2) a) de la ley 24557 y art. 3 Ley 26.773; impugnación de dictamen de Comisión Médica y cuestionamiento de normas procedimentales de la LRT.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar a la demanda en los términos considerados; se determinó incapacidad definitiva y parcial del 8,89% por la lesión de rodilla; se declaró inaplicable en autos el trámite administrativo obligatorio ante Comisiones Médicas (art. 21, 22 y 46 LRT) por inconstitucionalidad; se impusieron costas a la demandada; se difirió la fijación del monto de condena y la regulación de honorarios hasta que se aporten constancias de remuneraciones (nov/2016 - nov/2017).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Cfr. Mercado, Héctor Gabriel vs. Galeno ART S.A. s. Accidente CNAT, Sala VII, 02-10-2017; RC J 7703/17; cfr. además Corvalán, Héctor Eduardo vs. Swiss Medical ART S.A. s. Accidente CNAT Sala X, 30-08-2017; RC J 6388/17 Martínez, Gustavo Alejandro vs. Experta ART S.A., Tribunal de Trabajo Nº 2, San Miguel, Buenos Aires; 17-05-2018, 8957, RC J 3099/18).
Por ello y según disposiciones de los artículos 16, 18 75, inc. 12, 116 y concordantes de la Constitución Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, en tanto establece como garantía judicial la de ser juzgado por los jueces naturales corresponde desestimar las excepciones planteadas por la demandada.
Y siguiendo los reiterados pronunciamientos de esta Sala, diré que no era necesario agotar la vía administrativa ya que dicha imposición implicaría negar al trabajador -sujeto de preferente tutela constitucional- el derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad; derechos fundamentales en un estado democrático y republicano y efectivamente garantizados por los arts. 16, 75 inciso 22 C.N.; arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica; por la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, convenciones todas de jerarquía supra-constitucional."
y
"En torno al punto el perito médico designado en autos informó que el actor presenta limitación funcional de rodilla derecha, asignándole por ello un 8% de incapacidad funcional y un 5% por RVAN depresivo grado II; concluyendo según sumatoria de incapacidades múltiples que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 12,6% y que sumada a los factores que ponderó (tipo de actividad: leve (10%) y edad (1,14%), concluyó que presenta una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 15,00% producto del accidente de trabajo que sufrió.
Dicha pericia fue observada por la demandada, en relación a la incapacidad funcional asignada por RVAN y en el caso de autos, por los fundamentos expuestos y las disposiciones de la ley que indican que estas dolencias deben evaluarse con criterios estrictos, diré que cabe hacer lugar a la objeción.
Pues si bien el perito médico informó que el actor sufre RVAN depresión grado II estimo que la dolencia no puede considerarse vinculada a su trabajo ya que sobre el punto no obra ninguna prueba que la vincule a sus labores ni con el accidente que sufrió, tampoco estimo que la caída que le sucedió pueda considerarse un evento traumático relevante, siendo que según Decreto 659/96 en el caso de RVAN hay que evaluarlas cuidadosamente y solo serán reconocidas cuando tengan directa relación con eventos traumáticos relevantes. Por ello entiendo que esa dolencia no puede encuadrarse en las disposiciones del art. 6 LRT, debiendo solamente reconocer como incapacidad derivada del siniestro la dolencia de rodilla."
y
"Por lo referido estimo corresponde tener por cierto que el actor presenta una incapacidad funcional del 8% y que sumada a los factores que ponderó el perito (edad y dificultad alta para realizar sus labores) se estima, en definitiva en 8,89% de incapacidad parcial permanente y definitiva (8% x 1.1114= 8,89%) y no del 15% como informó el perito (Cfr. STJ, Jujuy: L.A.6, Nº261, L.A. 58 nº 1340).
Por todo lo considerado propicio se condene a la demandada a resarcir la incapacidad del actor equivalente al 8,89% , haciendo lugar a la demanda y condenando a la demandada al pago de la indemnización prevista por el art. 14.2.a) y de la regulada por el art. 3 Ley 26.773, las que para ser calculadas se deberá tener en cuenta que el siniestro ocurrió el 24/11/2017, que el actor nació el 14/01/1964."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad de la Sala (Dra. Montes voto principal; Dres. Herrera y Rivas adhieren). No hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 24.557Ley de riesgos del trabajo
- Ley 26.773Riesgos del trabajo
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