Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº 17.225/2021 (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Recurso de Apelación interpuesto en el expte. Nº C-175.341/2021, Incidente de nulidad: López Puccio Gastón Eug
El Dr. Juan Pablo Gomar interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la regulación de honorarios y la imposición de costas tras el rechazo de su apelación. El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy rechazó el recurso por considerarlo infundado, entendiendo que no se configuran los extremos de arbitrariedad y que la regulación respetó las pautas de los arts. 29 y 32 de la ley 6.112.
¿Quién es el actor?
Dr. Juan Pablo Gomar, por sus propios derechos.
¿A quién se demanda?
Sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial - Sala II (acto recurrido) y, en efecto, el procedimiento en que interviene la otra parte procesal Gastón E. López Puccio (se tuvo por no contestado su recurso).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria contra la resolución que rechazó la apelación, impuso costas al apelante vencido y reguló honorarios profesionales (art. 32 Ley 6.112 y art. 29 Ley 6.112). El recurrente alegó vulneración de arts. 16 y 17 C.N., regulación por debajo del mínimo legal y arbitrariedad en la fundamentación.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad; se impusieron las costas de la instancia extraordinaria al recurrente; no se regulan honorarios en esta instancia. Voto unánime: Dres. Jenefes, Miranda y Otaola (Miranda y Otaola adhieren).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
“no puede apelarse a la causal de arbitrariedad para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el inferior en la ponderación de la prueba y en la aplicación del derecho. Los fallos judiciales, es cierto, deben ser fundados y constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias acreditadas en la causa”, agregando que “la tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinarias sentencias equivocadas o que considera como tal el recurrente por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas de derecho común aplicables al caso. Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial” (L.A. Nº 29, Fº 398/404, Nº 140; L.A. Nº 49, Fº 5285/5286, Nº 1100; L.A. Nº 53, Fº 585/587, Nº 195; entre muchos otros), lo que no advierto ocurra en autos.
Por otra parte, cabe señalar que en relación a la regulación de honorarios profesionales, es doctrina inveterada del Superior Tribunal de Justicia que las cuestiones vinculadas a las costas del juicio y, en especial, las decisiones que fijan los honorarios profesionales o dilucidan el monto del proceso o las bases a computar, constituyen en principio materia ajena a la instancia extraordinaria del recurso de inconstitucionalidad (Fallos 217:212; 227:68; 241:150; 303:1238, entre otros).
En definitiva, la sentencia se encuentra suficientemente fundada conforme constancias obrantes en la causa y la resolución a la que arriba el tribunal a-quo para fijar los honorarios profesionales es razonable y respeta las pautas dadas por los artículos 32 (mínimo de honorarios de 5 UMAS para los recursos ordinarios) y 29 de la ley 6.112, por lo que no puede ser descalificada como acto jurisdiccional válido. Asimismo, como bien sostiene el dictamen fiscal “…no se advierten motivos que ameriten el control de constitucionalidad del art. 29 invocado”.
Montos y datos relevantes incorporados en el fallo recurrido: regulación de honorarios por el a-quo para los Dres. Silvia Inés Juárez y Juan Pablo Gomar en $13.662 y $9.563,40 respectivamente; referencia al mínimo del art. 32 de la ley 6.112 (mínimo de 5 UMAS para recursos ordinarios); interés por mora a la tasa activa del Banco Nación según la reglamentación citada.
¿Cómo votaron los jueces?
voto del Dr. Jenefes con adhesión de los Dres. Miranda y Otaola. Se consignó reserva del caso federal por parte del recurrente.
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