Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. A-035.850/2007 (Tribunal del Trabajo -Sala IV- Vocalía 11) Indemnización por fallecimiento y otros rubros: ÁVILA, MARÍA LUISA y OTROS c/ AMEYSA SA
La demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la no declaración de caducidad de instancia en causa por indemnización por fallecimiento. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso, con argumento de que la demora en el trámite resultó imputable al tribunal y no habilita la caducidad, y además impuso costas, reguló honorarios y formuló un severo llamado de atención al juez de trámite.
¿Quién es el actor?
Ávila, María Luisa y otros (actores/insistentes)
¿A quién se demanda?
Ameysa S.A. (representada por Dr. Roberto Andrés Moya)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por fallecimiento y otros rubros (proceso laboral)
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada; se impusieron las costas por el orden causado; se regularon honorarios ($42.596 para el Dr. Roberto A. Moya y $30.426 para cada uno de los Dres. Sergio González Galán y Marco A. Espinassi); y se formuló un severo llamado de atención al juez Dr. Eladio Guesalaga.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos más relevantes (citas textuales tal como figuran en el fallo):
"Es evidente la demora excesiva e injustificada en el trámite de la causa así como la desidia que se observa en la realización de actos procesales para su avance, sin embargo ello no justifica la declaración de caducidad que reclama el recurrente."
"En este sentido cabe señalar que abierta la causa a prueba y diferida la fijación de la audiencia de debate conforme lo dispuesto por acordada 3 bis/94, corresponde al órgano jurisdiccional controlar el avance de la causa –esto es la producción de la prueba decretada- evitando su paralización, pues el art. 1 de dicha acordada establece que 'Las salas laborales y civiles, vencidos los plazos que prevén los arts. 57 del CPT y 307 del CPC, y sin perjuicio de la necesaria fijación de la audiencia de vista de la causa, de inmediato deberán mandar se produzcan todas aquellas diligencias probatorias que –por su naturaleza- no deban practicarse en esa audiencia. Todo, dentro de los plazos contemplados por los incisos 3º de sendas normas'. Es decir que, sin perjuicio de la fijación de la audiencia, la producción de la prueba ordenada no podía prolongarse indefinidamente, ni siquiera en caso de inactividad de las partes, atento a lo dispuesto en el art. 57 inc. 3 del CPT. A lo que agrego que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 202 del CPC, la caducidad de instancia no se produce cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal (LA Nº 50, Nº 623, entre otros)."
"Los honorarios profesionales del Dr. Roberto Andrés Moya se regulan en la suma de pesos cuarenta y dos mil quinientos noventa y seis ($42.596) y los de los Dres. Sergio González Galán y Marco Andrés Espinassi en la suma de pesos treinta mil cuatrocientos veintiséis ($30.426) para cada uno de ellos por aplicación de lo establecido en los arts. 29 y 32 último párrafo de la ley 6112; devengarán intereses de la tasa activa (L.A. 54, Nº 235) solo en caso de mora y se les añadirá el impuesto al valor agregado de corresponder. Finalmente, teniendo en consideración la excesiva e injustificada demora que se verifica en la causa se formula un severo llamado de atención al juez Dr. Eladio Guesalaga, que preside el trámite de la misma desde su inicio y hasta la actualidad, y se lo insta a procurar que en adelante su tramitación sea lo más rápida y económica posible (art. 10 CPT) y a adoptar las medidas destinadas a impedir su paralización (art. 11 CPT)."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que motiva la decisión fue de la Dra. Bernal, y los Dres. Meyer y Otaola adhieren al voto; no se registra disidencia.
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