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Tribunal Superior

Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. C-022.810/2014 (Tribunal del Trabajo -Sala III- Vocalía 7) Riesgo de trabajo: Coca, Rodrigo Ezequiel c/ Estado Provincial

El Estado Provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad buscando la aplicación de la ley provincial 5320 para el pago de una condena por riesgo de trabajo. La Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso por considerar que no se acreditaron los requisitos previstos en la ley 5320 y confirmó la decisión de la instancia de origen; además reguló honorarios por $60.848,64.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 7 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala IV-Vocalía 7
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
LA-18584/2022
Recurso de inconstitucionalidad Ley 5320 Presupuesto 2022 Riesgo de trabajo Registro de acreencia Agotamiento de partida Costas Honorarios $60.848 64 Sala laboral Estado provincial.

¿Quién es el actor?

Dr. Jorge Eusebio García en representación del Estado Provincial (recurrente).

¿A quién se demanda?

Rodrigo Ezequiel Coca (parte actora en el expediente originario).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Aplicación de la ley provincial Nº 5320 para la inclusión y pago del crédito derivado de sentencia condenatoria contra el Estado Provincial en el presupuesto 2022; en definitiva, se discute la procedencia del régimen presupuestario previsto por la ley 5320 para la satisfacción de la condena.

¿Qué se resolvió?

Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial, con costas; regular honorarios profesionales del apoderado del demandado en $60.848,64; registrar y notificar por cédula. Voto unánime (Dres. Bernal, Miranda y Otaola).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“En primer lugar, diré que los agravios expresados por el recurrente no logran superar las disconformidades del quejoso respecto de los fundamentos que sustentan el fallo, así este Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que ‘el recurso no debe tener por objeto abrir una instancia ordinaria más donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas. Es decir, que la tacha de arbitrariedad no cubre meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes’ (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534).”

“Analizada la causa, considero que el Estado demandado no cumplió con los requisitos que tornan viable la aplicación de la ley Nº 5320, ya que no acreditó el registro de la acreencia a partir de la notificación judicial, ni de poner en conocimiento de la Dirección de Presupuesto la sentencia de condena, ni el registro previo por orden de antigüedad conforme la notificación judicial, ni la certificación de agotamiento de partida presupuestaria, por lo que el remedio interpuesto no puede prosperar.”

“Siendo así, y toda vez que se encuentra sancionado el presupuesto correspondiente al año 2022, no corresponde tratar dicho agravio. En tal sentido ha expresado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia que los jueces deben decidir colisiones efectivas de derechos, más no hacer declaraciones generales o abstractas, ni resolver cuestiones vinculadas a controversias extinguidas en el transcurso del tiempo, sino actuales (cfr. fallos 130:157, 184:358, 243:176, 256:104, 263:397, entre muchos otros).”

Adhesión: Los Dres. Miranda y Otaola adhieren al voto que antecede. No hay voto en disidencia.

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