CASETTI REMO Y OTROS C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ INCONSTITUCIONALIDAD
Demandaron la nulidad de la derogación tácita de exenciones previstas por la ley 1658 y la protección del derecho de propiedad frente a la ley 2275. El tribunal consideró que el art. 1º de la ley 2275, al requerir una nueva ley especial para mantener exenciones, deroga tácitamente el art. 38 de la ley 1658 y vulnera el derecho de propiedad y garantías constitucionales de los propietarios.
¿Quién es el actor?
Propietarios beneficiarios de la exención establecida por el art. 38 de la ley 1658.
¿A quién se demanda?
Estado/provincias o la autoridad que dictó la ley 2275 (legislador provincial).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad o tutela frente a la supuesta derogación tácita del art. 38 de la ley 1658 (exención de contribución directa por 10 años a viviendas construidas bajo ese régimen) y protección del derecho de propiedad frente a la exigencia de reconfirmación por ley especial prevista en el art. 1º de la ley 2275.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al pedido —el art. 1º de la ley 2275, en cuanto dispone que para mantener exenciones éstas deben ser acordadas nuevamente por ley especial, deroga tácitamente el art. 38 de la ley 1658— y ello lesionaría el derecho de propiedad de los beneficiarios y vulneraría garantías constitucionales de protección e inviolabilidad del derecho de propiedad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El principio de que ninguna persona puede tener derechos irrevocablemente adquiridos contra una ley de orden público, sufre una limitación constitucional. En consecuencia el precepto del art. 5 del Código Civil no se refiere a derechos patrimoniales."
"El art. 1º de la ley 2275 que dispone que las personas o entidades que gocen de exención total o parcial de los impuestos de contribución directa y o las actividades lucrativas en virtud de leyes especiales, para que continuen en el uso de las mismas, éstas deberán ser acordadas nuevamente por ley especial, deroga en forma tácita el art. 38 de la ley 1658 que exonera del pago de contribución directa por 10 años a las viviendas que se construyan bajo el régimen de la misma ley, lesionando así el derecho de propiedad de los propietarios y vulnerando las garantías constitucionales de protección e inviolabilidad de ese derecho."
(No se consignan votos en disidencia en el extracto provisto.)
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