TOUZA SANTIAGO H. Y JUAN FRIAS EN J: ARENAS T. JOSEFINA Y OTROS C/ SUCESION DE AGUSTIN MONDINI P/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - CASACION

¿Quién es el actor?

(no surge carátula en el extracto suministrado)

¿A quién se demanda?

(no surge carátula en el extracto suministrado)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se discuten efectos procesales de una aclaratoria sobre el cómputo de plazos para recurrir por vía extraordinaria (casación); la vigencia y alcance del recurso de casación en la Constitución provincial; la competencia del Tribunal (sala vs. Corte en pleno) para dictar sentencia en asiento del art. 143 de la Constitución de 1916; y la regulación de honorarios del abogado de la demandada en medidas precautorias conforme a la ley 1042 (reformada por la 2232).

¿Qué se resolvió?

El plazo para recurrir por casación se computa desde el día siguiente a la notificación del auto aclaratorio.

Declara que subsiste la vigencia del recurso de casación por efecto del Decreto-Acuerdo Nº 2158/1956, que restableció la Constitución de 1916 pero mantuvo la organización y jurisdicción actual del Poder Judicial provincial.

Rechaza la pretensión de que la sentencia que corresponde a una Sala sea dictada por todo el Tribunal por aplicación del art. 143 de la Constitución de 1916, en atención al Decreto-Acuerdo Nº 2158/1956.

Establece que los honorarios del abogado del demandado en medidas precautorias deben regularse en la misma proporción fijada por la ley para los honorarios del abogado del actor en primera instancia (según art. 9 inc. a de la ley 1042, reformada por la 2232), y que no corresponde correlacionar esa regla con el art. 15 referido a honorarios en segunda instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el caso que se haya pedido aclaratoria, el plazo para recurrir -en el caso por casación- empezó a contar desde el día siguiente a la notificación del auto aclaratorio."

"Subsiste la vigencia del recurso de casación introducido en la Constitución Provincial de 1949, no obstante su derogación y actual vigencia de la Constitución de 1916, en razón de que el Decreto Acuerdo Nº 2158 del año 1956 declaró vigente 'la actual organización y jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia.'"

"Es improcedente la pretensión de una de las partes de que la sentencia que le corresponde dictar a una de las Salas de la Corte sea pronunciada por todo el Tribunal a mérito de lo dispuesto por el art. 143 de la Constitución de 1916, puesta nuevamente en vigencia, pues el Decreto-acuerdo provincial Nº 2158 publicado en el Boletín Oficial del 23 de mayo de 1956 que declaró vigente la Constitución de 1916 estableció válidamente que subsiste la actual organización y jurisdicción del Poder Judicial de la Provincia."

"Los honorarios del abogado del demandado, cuando éste interviene en medidas precautorias, deben ser regulados en la misma proporción fijada por la ley para los honorarios del abogado del actor en primera instancia según surge de la segunda parte del art. 9 inc. a, de la ley 1042, reformada por la 2232, no correspondiendo correlacionar dicha norma con el art. 15 de la ley, que es de carácter general, y que sólo funciona tratándose de honorarios del abogado de la actora por la actuaciones en segunda instancia."

(No se consignaron votos en disidencia en el texto aportado.)