FISCAL C/ BATTISTELLA JUAN CARLOS P/ DESALOJO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION

¿Quién es el actor?

Ministerio Público/Estado (imputación penal contra el inculpado).

¿A quién se demanda?

Inculpado / acusado por desobediencia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se le imputó al encausado el delito de desobediencia (art. 240 CP) por no acatar una orden policial, en particular para evitar ser responsabilizado por una contravención de tránsito.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acusación; se confirmó la imputación y la punibilidad de la conducta, entendiendo la orden como legítima y dentro de las facultades del funcionario público que la dictó.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si el inculpado desobedece la orden no para evitar ser detenido, sino para evitar que se lo responsabilice por contravención de tránsito, está desobedeciendo una orden legítima y su conducta es punible conforme al art. 240 del Código Penal."

"La obligación de obedecer no puede llegar al extremo de una obediencia incondicional, porque los funcionarios públicos sólo pueden obrar dentro de las facultades que le otorga la Constitución y las leyes, y en consecuencia, sólo pueden dar órdenes válidas en el ejercicio de sus funciones y dentro de la órbita de sus facultades, sin que le sea dado al particular, discutir la justicia intrínseca de la orden. Sólo estas órdenes obligan y sólo la desobediencia a las mismas, configuran delito."

"Para que se tipifique el delito establecido en el art. 240 del Código Penal, la orden que se desobedece debe ser dictada por funcionario público en ejercicio de sus funciones, es decir, funciones inherentes al cargo y sin extralimitaciones. Si la orden es ilícita, no existe peligro. La ilegitimidad de la orden puede derivar de la violación de la ley, de la imcompetencia del funcionario, de la falta de atribuciones de quien la dicta, de la violación de las formas esenciales (orden de allanamiento en forma verbal, etc.)."

(No se registran votos en disidencia relevantes en el material provisto.)