POQUET FRANCISCO C/ PODER JUDICIAL Y GOBIERNO PROVINCIAL P/ INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Se solicitó aclaratoria procesal contra autos y notificación de la Presidencia de la Corte en un expediente administrativo. El tribunal rechazó la aclaratoria por no estar prevista para autos en el Código Procesal Administrativo y declaró inútil la notificación a la Presidencia, además de negar legitimación procesal a presidentes de órganos legislativos y de la Suprema Corte.
¿Quién es el actor?
No surge en el texto la identidad del peticionante.
¿A quién se demanda?
No surge en el texto la identidad del demandado; se aludió a la Presidencia de la Corte respecto de la notificación.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Aclaratoria procesal contra autos y la notificación conforme al art. 43, inc. 3º del Código Procesal Administrativo.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la procedencia de la aclaratoria contra autos (no prevista por el Código Procesal Administrativo) y se consideró inútil la notificación a la Presidencia de la Corte. Además, se afirmó que los presidentes de órganos legislativos y de la Suprema Corte carecen de legitimatio ad processum; la única persona con tal legitimación para representar a la Provincia es el gobernador.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El Código Procesal Administrativo no ha previsto en forma expresa el recurso de aclaratoria contra los autos y sí contra las sentencias definitivas (art. 63)."
"En cuanto a la notificación que preceptúa el art. 43, inc. 3º del Código Procesal Administrativo, cabe hacer constar, que en el caso constituiría una diligencia inútil, ya que el órgano a notificar, o sea la Presidencia de la Corte, ha tomado -necesariamente- por razón de sus funciones, conocimiento de la presente causa."
"Los presidentes de los órganos legislativos y de la Suprema Corte carecen de 'legitimatio ad processum', vale decir, de personalidad legal para estar en juicio. Solamente la posee la Provincia representada legalmente por el señor gobernador quien tiene a su cargo su administración general; hace recaudar las rentas y decreta su inversión con sujeción a las leyes de Presupuesto y Contabilidad. (art. 128 inc. 1º y 8º de la Constitución de la Provincia)."
No consta voto en disidencia en el extracto provisto.
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