LUIS SANSONI Y CIA. S.R.L. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El actor cuestionó el alcance de la exoneración prevista en el art. 46 de la Ley 1926 respecto de tributos provinciales en obras públicas. La Cámara rechazó la pretensión de extender la franquicia más allá de lo que habría valido para el concedente o el Estado, sosteniendo que no existe exención para el adjudicatario cuando la causa jurídica del tributo se verifica en éste.
¿Quién es el actor?
El adjudicatario/contratista de una obra pública (actor que reclama exoneración impositiva).
¿A quién se demanda?
El Estado provincial / la administración concedente (o el Organismo que exigió los tributos).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Que se aplique la exoneración del art. 46 de la Ley 1926 al contratista/adjudicatario de obra pública, liberándolo del pago de determinadas contribuciones/impuestos (impuesto a las actividades lucrativas y su adicional u otros tributos provinciales).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó la pretensión del actor; la exoneración del art. 46 sólo libera al contratista de las contribuciones de las que habría estado exento el concedente si la obra se hubiese ejecutado por administración, pero no otorga una exención equivalente a la inmunidad del Estado ni excluye, en general, la existencia del hecho imponible respecto del adjudicatario.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La exoneración del art. 46 de la ley 1926 no puede tener otro alcance que el de liberar al contratista de las mismas contribuciones de que habría estado exento el concedente si la obra pública hubiera sido ejecutada por administración."
"Cuando el Estado realiza directamente obras públicas no ejercita una actividad lucrativa. Por lo mismo, no es sujeto contribuyente respecto del impuesto a las actividades lucrativas ni a su adicional. No se trata propiamente de una 'exención' sino de la inexistencia del hecho imponible, ésto es, de la actividad lucrativa."
"No corresponde razonablemente entender que la franquicia establecida en el art. 46 de Obras Públicas, tenga un alcance tal que haga al concesionario de una obra beneficiario de una exención que ni para el propio Estado habría existido."
"El adjudicatario en licitación pública de una obra, al igual que el que contrata directamente con el Estado su realización, no puede invocar a su favor la inmunidad fiscal de las entidades públicas ya que a diferencia de éstas, a quienes sería sin sentido atribuirles capacidad atributiva, aquellos están obligados al pago de tributos por un título propio, porque con respecto a ellos, se verifica la causa jurídica del tributo."
(No se consignan votos en disidencia en el extracto proporcionado.)
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