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JARA PANELLO FRANCISCO V. EN J: DI LEO V. Y OTROS C/ FRANCISCO VICTOR JARA PANELLO P/ DESALOJO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION
Se planteó la cuestión sobre la validez de norma de orden público y su alcance respecto de la distribución de competencias entre la Nación y las provincias. El tribunal sostuvo que el carácter de orden público no autoriza al legislador ni a un órgano del Gobierno Federal a regular facultades asignadas por la Constitución ni a comprender supuestos que la propia norma excluye (art. 3º incs. g) e i) Dec. ley 18880).
¿Quién es el actor?
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¿A quién se demanda?
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¿Cuál es el objeto del reclamo?
Control del alcance de una norma calificada como "ley de orden público" y la posibilidad de que el Gobierno Federal (u órgano suyo) norme materias cuya competencia no le atribuye la Constitución; discusión sobre la aplicabilidad del art. 3º, incs. g) e i) del Decreto-ley 18880.
¿Qué se resolvió?
El tribunal declaró que el carácter de orden público atribuido por el legislador no habilita a modificar competencias constitucionales ni a que un órgano del Gobierno Federal norme materias fuera de sus atribuciones; en particular, no corresponde comprender casos que la propia norma excluye (art. 3º incs. g) e i) Dec. ley 18880).
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El carácter de orden público que el legislador le atribuye a una ley, no lo autoriza a modificar facultades que la constitución ha determinado, por lo que no estando en las atribuciones del Gobierno Federal, no puede ser normado por uno de sus órganos. Y menos aún, para comprender casos que expresamente el legislador ha excluído (art. 3º incs. g) e i) del Decreto ley 18880."
"El carácter de orden público que el legislador le atribuye a una ley, no lo autoriza a modificar facultades que la constitución ha determinado, por lo que no estando en las atribuciones del Gobierno Federal, no puede ser normado por uno de sus órganos. Y menos aún, para comprender casos que expresamente el legislador ha excluído. (art. 3º, incs. g) e i) Dec. ley 18880)."
"El carácter de orden público que el legislador le atribuye a una ley, no lo autoriza a modificar facultades que la Constitución ha determinado, por lo que no estando en las atribuciones del Gobierno Federal, no puede ser normado por uno de sus órganos. Y menos aún, para comprender casos que expresamente el legislador ha excluído. (art. 3º incs. g) e i) Decreto ley 18880."
¿Cómo votaron los jueces?
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