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ARIZA DE CASATTI Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ INCONSTITUCIONALIDAD
El actor impugnó actos administrativos/provinciales originados en la aplicación de la Ley 3826 por violación de la garantía de estabilidad laboral. El tribunal declaró la arbitrariedad del acto gubernamental al sostener que la Ley 3826 y los decretos provinciales no habilitan a suspender las garantías constitucionales de estabilidad ni a eludir los procedimientos disciplinarios del Estatuto de la Revolución Argentina.
¿Quién es el actor?
Empleados públicos afectados por la aplicación de la Ley 3826 (servidores a quienes se quiso remover).
¿A quién se demanda?
Gobierno provincial (actuación del Poder Ejecutivo provincial que dictó la Ley 3826 y decretos vinculados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad/controversia por actos administrativos que, mediante la Ley 3826 y decretos, habrían eludido el procedimiento estatutario y suspendido la garantía de estabilidad de los empleados públicos; se impugna la arbitrariedad en la remoción de servidores y la afectación de garantías constitucionales.
¿Qué se resolvió?
Se considera que el gobierno produjo un acto típicamente arbitrario al dictar la Ley 3826 con el propósito, no confesado, de remover determinados servidores, eludiendo el procedimiento y desconociendo las garantías del Estatuto de la Revolución Argentina y las garantías de estabilidad consagradas en las Constituciones Nacional y Provincial; por tanto, el acto es revisable jurisdiccionalmente y se lo cuestiona en razón de su inconstitucionalidad/ilegitimidad en la forma en que afectó la estabilidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es indudable que los gobiernos provinciales a que se refiere el art. 3 del Estatuto de la Revolución Argentina han debido ajustar su actuación a las normas constitucionales vigentes. En consecuencia que cualquier acto que excediere ese marco puede ser revisto jurisdiccionalmente."
"Al dictarse la ley 3826 con el propósito no confesado de remover determinados servidores, eludiendo el procedimiento y desconociendo las garantías establecidos en el estatuto en punto a responsabilidades disciplinarias y al afectar así la garantía de la estabilidad consagrada en las Constituciones Nacional y Provincial, y en la referida ley, el gobierno ha producido pues un acto típicamente arbitrario."
"Ni el Estatuto ni ninguno de los decretos han atribuído a los gobiernos de provincia la facultad de suspender las garantías sobre estabilidad de los empleados públicos, establecidos en las Constituciones y leyes respectivas."
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