FRANCISCO PRECIADO E HIJOS S.R.L. Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

(no surge del texto aportado)

¿A quién se demanda?

(no surge del texto aportado)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Solicitud de medida de no innovar/medida cautelar para impedir la remoción o efecto de actos administrativos que afectarían la estabilidad de empleados/funcionarios públicos y cuestionamiento de la aplicación del art. 12/Decreto 825/73 respecto de la entrada en vigencia del Estatuto.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la medida de no innovar y la pretensión de supeditar la entrada en vigencia de la garantía de estabilidad al transcurso de seis meses previsto en el art. 12 (según alegación en considerandos del Decreto 825/73). La Corte reiteró que la remoción de empleados y funcionarios sólo puede efectuarse conforme a las condiciones y requisitos constitucionales y legales, y que el Poder Judicial debe ser restrictivo al suspender actos de los demás poderes por la presunción de legitimidad.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"No puede entenderse que la garantía de la estabilidad que consagra el Estatuto del Empleado Público, hubiera quedado supeditada para su entrada en vigencia a que transcurriera el plazo de seis meses señalado por el art. 12; como se alega en los considerandos del Decreto 825/73."

"Los empleados y funcionarios públicos, tienen el derecho de no ser removidos del cargo, sino en las condiciones y con los requisitos previstos en las normas constitucionales y legales."

"Como lo ha declarado esta Corte, tratándose de actos emanados de los otros poderes del Estado, el Poder Judicial debe considerar con criterio restrictivo los motivos y recaudos que permiten autorizar la suspensión de los efectos propios de sus actos. Ello así, por obvias razones de orden institucional y por presunción de legitimidad de que esos actos se hallan revestidos."

(No se registran votos en disidencia en el extracto aportado.)