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VIDELA JUAN PABLO C/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
El actor cuestionó el impulso del procedimiento administrativo minero y la regulación del impulso de oficio frente a la inactividad del solicitante. El tribunal sostuvo que el Estado puede impulsar de oficio los trámites mineros y que el interesado puede perder sus derechos si paraliza el procedimiento dos meses en pedidos de cateos o cuatro meses en otros pedimentos por culpa o negligencia (voto del Dr. Galdós).
¿Quién es el actor?
DESCONOCIDO
¿A quién se demanda?
Estado / administración minera (implícito)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Control sobre el impulso del procedimiento administrativo minero y/o impugnación de sanción por paralización del trámite por parte del solicitante.
¿Qué se resolvió?
Se reconoce la procedencia del impulso de oficio por parte del Estado en los procedimientos mineros y se admite la sanción de pérdida de los derechos del solicitante cuando exista paralización del procedimiento por culpa o negligencia (plazo de dos meses para pedidos de cateos y cuatro meses para otros pedimentos). (Resultado concreto de la apelación: DESCONOCIDO)
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Al Estado le interesa que los problemas administrativos mineros, se resuelvan con celeridad y es por ello que ha establecido el procedimiento de oficio, sin perjuicio del impulso que debe darle el interesado, a quien se le castiga con la pérdida de los derechos del solicitante, cuando hubiera hecho paralización del procedimiento durante dos meses en los pedidos de cateos o cuatro meses continuados en los demás pedimentos, si existe culpa o negligencia del mismo (Voto del Dr. Galdós)."
No se consignan votos en disidencia en el extracto provisto.
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