AGUIRRE GAVIOLA JUAN A. EN J: TABANERA JULIO C. C/ JUAN A. AGUIRRE GAVIOLA P/ DESALOJO - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION
El actor promovió un juicio de desalojo cuestionando la exigencia de requerimiento previo de pago incorporada por ley posterior. El tribunal sostuvo que la exigencia de requerimiento previo no regía al tiempo de iniciarse el proceso, que las causales de desalojo subsisten hasta la sentencia firme y que las etapas procesales cumplidas bajo la ley anterior gozan de estabilidad frente a normas posteriores.
¿Quién es el actor?
El actor que promovió el juicio de desalojo (no surge nombre en el extracto).
¿A quién se demanda?
El demandado en el juicio de desalojo (no surge nombre en el extracto).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Desalojo por causales tales como falta de pago, vencimiento de término, uso abusivo, etc.
¿Qué se resolvió?
Se resolvieron cuestiones de admisibilidad y alcance temporal de normas posteriores: la exigencia de requerimiento previo de pago introducida por ley 20.625 no resultaba aplicable al inicio del proceso cuando éste se promovió, las causales de desalojo siguen vigentes hasta la sentencia firme y las etapas procesales cumplidas bajo la ley 18.880 se mantienen inalteradas por leyes posteriores.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En instantes de promoverse el juicio de desalojo, el actor no tenía la obligación legal del requerimiento previo de pago (ley 18880) que luego, casi dos años después, introduce la ley 20625. El proceso entonces, tuvo viabilidad porque tal condición de admisibilidad no existía. Esta condición de admisibilidad se agota con el devenir del proceso, pasada la etapa pertinente, no juega ningún papel en el mismo."
"La causal de desalojo (falta de pago, vencimiento de término, uso abusivo, etc.) sigue jugando instante por instante, hasta que se dicte sentencia, y por imperio de la misma ley, aún más allá, hasta el momento en que ésta se encuentra firme (arts. 39 y 30 de las leyes 20.625 y 21342 respectivamente)."
"Si la traba de la litis se produce en plena vigencia de la ley 18880, la etapa procesal cumplida por demanda y contestación, precluye, de tal manera que no puede ser afectada por disposiciones legales posteriores. Goza a su respecto, de la misma estabilidad que la cosa juzgada en el derecho de fondo."
(No consta en el extracto voto en disidencia.)
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