CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA P/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA

¿Quién es el actor?

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (por apoderado).

¿A quién se demanda?

Poder Ejecutivo de la Provincia; y se citó como litis consorte a Juan Antonio Mariño Borroni.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita dejar sin efecto (anular) el Decreto Nº 2369 del 26/9/1975 que revocó la resolución de la Caja que reconocía jubilación a Mariño, y se impugna la resolución administrativa Nº 537/17-4-1975 que rechazó el cómputo solicitado.

¿Qué se resolvió?

Rechazar la acción procesal administrativa deducida por la Caja; imponer costas a la actora; regular honorarios (Dr. Joaquín S. Guevara Civit $50.000; Dr. Juan Giménez Mathus $10.000; Dr. Joaquín Guevara Torres $20.000).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"A estar a la ley 1828 se crea el Instituto de Previsión y Asistencia Social de la Provincia, el cual funcionará como entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera propia, bajo el contralor del Poder Ejecutivo, de conformidad a las disposiciones contenidas en dicha ley (art..1º). A la vez, se crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones, como Sección del Instituto (art. 25) la que estará administrada por un Director-Gerente (art. 25), el cual integra la Sala del Directorio del Instituto, con atribución entre otras, para entender y resolver en única instancia administrativa las solicitudes por prestaciones, cómputo de servicios, afiliación, determinación de cargos de deudas y todo lo relativo entre los afiliados y la Caja, previa vista al Fiscal de Estado (art. 34 inc.b)."

"De lo expresado, se deduce, sin ninguna duda, que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, es una entidad descentralizada, desde que se trata de una entidad dotada de personalidad jurídica, que actúa en nombre y cuenta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo, según las atribuciones que en forma regular y permanente le atribuye el ordenamiento positivo y ello, en mérito de la norma contenida en el art.21 de la ley 3909."

"La cuestión implica un control de legalidad que incluye la legitimidad del acto, vale decir, el relativo a lo que concierne a la violación de los preceptos legales establecidos, asegurando que los actos emanados de la Administración se adecuan a la ley... En este orden de ideas, en los arts.183 a 185 inclusive, se establece el recurso de alzada, el cual, precisamente, cuadra contra las decisiones definitivas de las entidades descentralizadas que causen estado dentro de las mismas. Tal lo acontecido en autos, desde que la resolución de la Caja fue recurrida ante el Poder Ejecutivo por vía del mencionado recurso."

"Todo lo dicho conduce, necesariamente a afirmar, de acuerdo a mi manera de pensar, que la Caja carece de acción para cuestionar el decreto del Poder Ejecutivo decidiendo el recurso de alzada deducido por el particular. De consiguiente, voto por la negativa."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Abel Boulin Zapata expone la proposición y los Dres. Benigno Martínez Vázquez, Rodolfo A. Galdós, Juan A. Del Peral, Emilio A. Poccioni y Sergio D. Moretti adhieren. El Dr. Jorge López Valencia no suscribe por hallarse con licencia.