OBREDOR, ROBERTO ENRIQUE C/ PROVINCIA DE MZA. (PODER JUDICIAL) P/ ACCIÓN PROCESAL ACLARATORIA
El actor promovió Acción Procesal Administrativa solicitando se declare nula la resolución que descontó haberes por los días 20 y 21 de noviembre de 2001. La Sala Primera rechazó la acción y confirmó la descontación, sosteniendo que rige el régimen del empleo público (Dec. 560/73, art. 20) y que no existieron los extremos de proporcionalidad y buena fe exigidos para aplicar la exceptio non adimpleti contractus.
¿Quién es el actor?
Roberto Enrique Obredor.
¿A quién se demanda?
Gobierno de la Provincia de Mendoza (Poder Judicial / Sala Administrativa / Presidente de Sala III).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad de la resolución de fecha 11.04.2002 (que confirmó la del 14.02.2002) que ordenó descontarle del sueldo los días 20 y 21 de noviembre de 2001 por no concurrir a prestar funciones; y liquidación y pago de dichos importes con intereses y costas. Invocó el derecho de retención (art. 1201 CC) y normas del derecho del trabajo.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la acción procesal administrativa; imponer costas a la parte actora; regular honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Consideramos que le asiste razón a la señora Procuradora General subrogante en su afirmación de la aplicabilidad del régimen propio del empleo público a la cuestión planteada en autos. En particular, en el caso, rige el Dec. 560/73 que en su artículo 1° dice: “este Estatuto comprende a todas las personas que, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios remunerados en los tres poderes del Estado, Tribunal de Cuentas de la provincia, municipalidades y entes autárquicos”."
"Por el contrario, otra parte de la doctrina, encabezada por Marienhoff ... interpreta que el contratista tiene la posibilidad de oponer la defensa en cuestión toda vez que el Estado incumpla con sus obligaciones en un grado grave e importante. Tan importante que llegue a producirle una 'razonable imposibilidad de cumplir' con su prestación. ... Consideramos que la presencia del contrato administrativo provoca un mayor rigor en la ponderación de los requisitos necesarios para el ejercicio de la 'exceptio': buena fe y proporcionalidad, pues deben ser analizados con un criterio más estricto cuando se trata del contrato público."
"En esos tiempos de fines del año 2001 era de público y notorio, ampliamente conocido, el retraso de meses en el pago de sueldos que afectaba a numerosas administraciones públicas provinciales. Por ello, el mencionado retraso en el pago de dieciséis días, carece de la proporcionalidad imprescindible para el ejercicio, por parte del empleado público, de la 'exceptio non adimpleti contractus', que lo habilite a suspender el cumplimiento de sus obligaciones de concurrir a cumplir sus tareas vinculadas directamente con la función judicial que presta el Estado."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto que funda la decisión fue del Dr. Alejandro Pérez Hualde; los Dres. Aída Kemelmajer de Carlucci y Carlos Böhm adhieren. No hubo disidencia.
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Fallos que cita
- "Cinplast"CSJN · Fallos 316:212
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