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Tribunal Superior

BAEZ JUAN VICENTE Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ A.P.A.

Los actores cuestionaron la nulidad del Decreto 436/02 y reclamaron indemnizaciones por la tercerización de la Dirección de Construcciones y los perjuicios sufridos por su incorporación forzada a Gentra S.A. La Sala Segunda de la Suprema Corte de Mendoza rechazó la acción procesal administrativa por falta de fundamento jurídico y constató la inexistencia de responsabilidad estatal; confirmó los actos administrativos impugnados.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Fuero
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - SALA SEGUNDA (MENDOZA)
Jurisdicción
Local · Mendoza
Expediente
74067
Responsabilidad estatal Tercerizacion Costas. Accion procesal administrativa Jornalizados Indemnizacion dl 560/73 Gentra s.a. Falta de reubicacion Contrato convenio-marco Confirmacion de actos administrativos

¿Quién es el actor?

Juan Ignacio Báez; José Gabriel Villaguil; Fernando Nicolás Lucero; José Fernando Calvo; Eduardo Nicolás Campillay; Cecilio Fazio; Ceferino Alberto Gallardo; Roberto Bruno Sánchez; Walter Andrés Salinas.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Mendoza.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad del Decreto 436/02, reconocimiento de derecho vulnerado y resarcimiento por daños y perjuicios materiales y morales (incluyendo indemnizaciones previstas en art. 17 del Decreto-Ley 560/73 y una indemnización integral por frustración de la chance laboral vinculada a la tercerización y a su participación en Gentra S.A.).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la acción procesal administrativa y se impusieron costas a la parte actora; se difirió la regulación de honorarios y se remitieron actuaciones administrativas al origen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (lenguaje original del tribunal):

"El reclamo de la indemnización prevista por los arts. 17 y 25 del Decreto Ley 560/73 resulta totalmente improcedente, pues la misma puede ser reconocida solamente en la puntual situación que el mencionado decreto dispone, vale decir, cuando, ordenada la reestructuración de una dependencia, el personal no puede ser reubicado. Tal situación de hecho que predetermina la norma no es la que acontece en autos, donde los actores, a más de ser jornalizados-contratados, se desvincularon de la administración por la presentación formal de sus renuncias."

"En autos, se advierte que la relación que provocó el daño es exclusivamente imputable a Gentra S.A. más allá de la razón jurídica que la sustentara. Lo expresado surge evidente de las actuaciones administrativas que dieron origen al reclamo y ha sido advertido y resuelto en ese sentido por el propio poder administrador al fundar el rechazo de la pretensión de los reclamantes."

"En síntesis, tal como lo destaca y expone el Procurador General del Tribunal, el Estado no tiene responsabilidad solidaria con la sociedad a la que los actores pertenecían, tampoco obligación de control la que no surge de ninguna de las disposiciones legales y no se ha extinguido el convenio conforme lo disponen las causales determinadas en el artículo 13. El cuestionamiento que formulan los accionantes se mantiene en el marco de la relación sociedad-socio y es entre ambos sujetos de derecho que debe formularse y resolverse el planteo."

Citas textuales más importantes:

"Se rechaza la acción procesal administrativa..." (bloque dispositivo).

"Las costas del proceso se imponen a la actora vencida (art. 76 del C.P.A. y 36 del C.P.C.)."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto que contiene la fundamentación es del Dr. Herman A. Salvini; el Dr. Carlos Böhm adhiere. No existen votos en disidencia; el Dr. Pedro J. Llorente no suscribió por licencia.

El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.

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