GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Y OT. EN J 250469/52234 MONTUELLE MASMOUK ENRIQUE HUGO C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL
Demanda por daños y perjuicios por ataque sufrido en penal y omisión del Servicio Penitenciario en garantizar la seguridad de internos. La Suprema Corte provincial admitió parcialmente el recurso extraordinario y confirmó la responsabilidad objetiva del Estado por falta de servicio, pero redujo el monto por daño extrapatrimonial fijando la indemnización total en $220.000 y modificando el rubro daño no patrimonial a $70.000.
¿Quién es el actor?
Enrique Hugo Montuelle Masmouk.
¿A quién se demanda?
Provincia de Mendoza (Gobierno de la Provincia de Mendoza; también se menciona inicialmente al Director del Servicio Penitenciario Sebastián Sarmiento, pero fue desistido).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios por lesiones sufridas en riña carcelaria el 29/01/2013 (extirpación del bazo, secuelas físicas y psíquicas), por la supuesta falta de servicio y omisión del deber de custodia y seguridad.
¿Qué se resolvió?
La Sala Primera admitió parcialmente el recurso extraordinario: confirmó en lo sustancial la solución de la Cámara que hizo lugar parcial a la demanda y condenó a la Provincia a pagar $220.000 (más intereses) por los daños derivados del hecho del 29/01/2013; sin embargo, modificó el monto reconocido por daño extrapatrimonial (daño no patrimonial) fijándolo en $70.000 (la Cámara había otorgado $200.000 para daño moral). Se impusieron costas conforme al pronunciamiento. Se ordenó oficio a la Unidad de Control y Defensoría para la administración de los bienes conforme art.12 CP cuando corresponda.
Fundamentos principales de la decisión (transcripción de los 2-3 párrafos más relevantes, con citas textuales relevantes tal como aparecen en la sentencia):
"No existe una sola prueba aportada a este expediente tendiente a demostrar el despliegue de medios idóneos y eficaces para el logro de ese objetivo. Y no se trata de exigir pruebas directas y contundentes de que fue una riña decidida por los reos -como el recurrente aduce en su libelo recursivo-. Sólo se requiere la acreditación de las medidas que, conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, resultaban aptas para evitar, y en su caso desarticular, la gresca que produjo los daños."
"En ese escenario, y teniendo en cuenta que sí se halla acreditado que el daño se produjo con elementos que no debían tener las personas privadas de libertad en su poder (cortopunzantes - art. 93 Ley 8.465), en un ámbito en el que la demandada ejerce de manera monopólica la custodia de los detenidos -con la especial situación de sujeción que ello conlleva-, considero que debe tenerse por acreditado un deficiente control en la seguridad por parte de los efectivos del penal, así como también un incumplimiento de expresos deberes de prevención impuestos por la normativa aplicable (arts. 5 ley 7976 y 195 Ley 8465), presupuestos a partir de los cuales el Estado debe responder."
"En consecuencia, corresponde admitir parcialmente el recurso interpuesto, modificando la sentencia en crisis únicamente en cuanto al monto reconocido para indemnizar las consecuencias extrapatrimoniales derivadas del evento dañoso."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Dalmiro Fabián Garay Cueli formuló voto en disidencia sosteniendo que la Cámara incurrió en arbitrariedad al condenar por falta de servicio, por no haberse individualizado la omisión concreta ni acreditado la irregularidad del servicio; para el voto disidente la prueba obrante no acredita la falta de servicio necesaria para imputar responsabilidad al Estado, por lo que proponía revocar la condena.
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