Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-226.317/23 (Cámara en lo Civil y Comercial -Sala II- Vocalía 4) Ejecución de Sentencia: Bellido, Frida Georgina Luciana y Quintar, Riad c/ Estado Provincial
El Estado Provincial interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la ejecución de sentencia que ordenó el pago de $18.469.550 por capital y honorarios. La Suprema Corte rechazó el recurso por improcedente al considerar acreditadas las razones del tribunal a quo y confirmó la exigibilidad del crédito y de los honorarios, regulando éstos en $112.320.
¿Quién es el actor?
Estado Provincial, representado por la Dra. María Eugenia Flores Andrés (Procuradora Fiscal).
¿A quién se demanda?
Frida Georgina Luciana Bellido (y Dr. Leonardo Quintar por su representación) y Dr. Riad Quintar.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara Civil y Comercial (Sala II) que rechazó la aplicación de la Ley provincial Nº 5.320 para diferir el pago de una condena por daños y perjuicios y ordenó ejecutar sentencia por $15.050.000 de capital más $3.419.550 de honorarios (total $18.469.550), con costas e intereses; además impugnación sobre la ejecución de honorarios.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad; imponer costas al recurrente; regular honorarios del Dr. Leonardo Quintar en $112.320 (12 UMA) con intereses y IVA si corresponde; registrar y notificar.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Como lo dije en otras oportunidades, el recurso de inconstitucionalidad es un remedio extraordinario y excepcional.
La disconformidad manifestada por el recurrente es insuficiente para fundar la causal de arbitrariedad invocada.
Así esta Suprema Corte de Justicia reiteradamente ha sostenido que “no puede apelarse a la causal de arbitrariedad para plasmar meras discrepancias de apreciación con el criterio observado por el inferior en la ponderación de la prueba y en la aplicación del derecho. Los fallos judiciales, es cierto, deben ser fundados y constituir derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias acreditadas en la causa”, agregando que “la tacha de arbitrariedad no puede admitirse para corregir en esta instancia extraordinarias sentencias equivocadas o que considera como tal el recurrente por discrepar con la apreciación de las pruebas y la interpretación de las normas derecho común aplicables al caso. Esta causal no se refiere a tales discrepancias, sino a desaciertos de gravedad extrema que descalifican el fallo como acto judicial” (L.A. Nº 29, Fº 398/404, Nº 140; L.A. 49, Fº 5285/5286, Nº 1100; L.A. Nº 53, Fº 585/587, Nº 195; entre muchos otros), lo que no advierto ocurra en autos."
"Que conforme el art. 1º inc. c) de la Ley 5320, y lo sostiene la Sala interviniente, no se acreditó con constancia alguna, los recaudos que prevé la Ley 5320 para justificar el diferimiento del pago de la deuda, que no es otro que la debida acreditación de la falta de partida presupuestaria para el pago de sentencias.
Inclusive el recurrente insiste en que debe incluirse la deuda en el presupuesto 2024 lo que, atento la fecha de notificación de la sentencia (16/12/2022), no podía tener acogida.
Más aún el Estado Provincial contesta el traslado de la ejecución de sentencia en fecha 12/07/23 sin adjuntar documentación alguna. Asimismo, se limita a ofrecer el pago de honorarios profesionales al igual que en esta instancia recursiva lo que me exime de mayores consideraciones."
"Por otra parte, en relación a la ejecución de honorarios debo decir, que como ya sostuvo este alto cuerpo en L.A. Nº 53, Fº 1960/1963 -en voto al que adherí- “el carácter alimentario de la retribución profesional de abogados, procuradores, peritos y demás auxiliares de la justicia, obliga a que su pago deba ser percibido en forma inmediata, es decir, a que no sea pospuesto mediante diferimientos, y ello es así, con prescindencia o independientemente de la posición económica que tenga el profesional acreedor de su retribución por la labor cumplida”."
¿Cómo votaron los jueces?
El Dr. Miranda adhiere al rechazo del recurso y a la imposición de costas, pero disiente respecto de la cuantía de la regulación de honorarios practicada por el señor Presidente de Trámite; propone regular los honorarios del Dr. Leonardo Quintar en $112.320 (12 UMA) y así lo fija el acuerdo. (El voto del Dr. Jenefes había regulado inicialmente $300.999; Miranda y Otaola discreparon sobre ese punto y la mayoría fijó $112.320.)
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Normas que cita
- Constitución Nacionalarts. 16, 17, 18, 33 · Constitucion nacional
- Ley 5320 (Jujuy)art. 1 (incs. c y d)
- Ley 5323 (Jujuy)
- Ley 5300 (Jujuy)
- Ley 6112 (Jujuy)arts. 16, 17, 20, 22, 32
- CPCJ (Jujuy)art. 102
- Constitución (Jujuy)art. 11
- Acordada 86/2020 (Jujuy)
- Acordada 111/2022 (Jujuy)
- Acordada 4/2023 (Jujuy)
- Resolución 217-FE/2023 (Jujuy)
Fallos que cita
- Bellido, Frida Georgina Luciana y Quintar, Riad c/ Estado ProvincialSCJ Jujuy Sala I
- Expte. C-048.066/2015 (Cámara en lo Civil y Comercial Sala II)CCC Jujuy Sala II · 21/12/2021
- Expte. C-226.317/23 (Cámara en lo Civil y Comercial Sala II)CCC Jujuy Sala II · 22/08/2023
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