Recurso de Inconstitucionalidad y casación interpuesto en expte. C-074.444/2016 (Tribunal del Trabajo - Sala II - Vocalía 5) Enfermedad/Accidente de trabajo: Giménez, Alcides Albino Roberto c/ Estado Provincial - Policía de la Provincia de Jujuy
El actor promovió demanda por enfermedad/accidente de trabajo contra el Estado Provincial solicitando pago conforme al régimen de la ley 5320. La Suprema Corte rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial por no acreditar los requisitos de la ley 5320 y reguló honorarios por $112.320.
¿Quién es el actor?
Alcides Albino Roberto Giménez (actor en la causa originaria).
¿A quién se demanda?
Estado Provincial - Policía de la Provincia de Jujuy (representado por el Procurador Fiscal Dr. Jorge Eusebio García, recurrente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Pago de sentencia por enfermedad/accidente de trabajo y aplicación del régimen de pago previsto en la ley provincial Nº 5320 (registro y ordenamiento presupuestario de acreencias).
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial y regular los honorarios del apoderado del actor en $112.320, con más intereses en caso de mora e IVA de corresponder. Registrar y notificar por cédula.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El vicio de arbitrariedad con alcance para descalificar un fallo -reiteradamente lo dijimos- debe ser grave, tiene que probarse, y no procede respecto de las sentencias que no padecen de omisiones o desaciertos que las descalifiquen como pronunciamiento judicial.
Además, el fundamento de la arbitrariedad debe ser la lesión a garantías constitucionales, demostrándose que existe relación entre ellas y la cuestión debatida en la sentencia impugnada, siendo la mera enunciación una afirmación dogmática, carente de eficacia recursiva.
Luego de estudiada la causa, considero que corresponde confirmar la sentencia recurrida toda vez que el Estado no ha dado cumplimiento con las pautas fijadas por la norma que pretende se aplique al caso, ya que no demostró en debida forma que no hubiera podido cumplir su obligación con recursos asignados para el ejercicio presupuestario en que se determinó la deuda, ni acreditó el registro previo por orden de antigüedad, ni expidió certificación de agotamiento de partida presupuestaria emitida por autoridad pertinente.
Por ello, considero que los agravios expresados por el recurrente no logran superar las disconformidades del quejoso respecto de los fundamentos que sustentan el fallo, así esta Suprema Corte de Justicia tiene dicho que 'el recurso no debe tener por objeto abrir una instancia ordinaria más donde puedan discutirse decisiones que se estimen equivocadas. Es decir, que la tacha de arbitrariedad no cubre meras discrepancias entre lo decidido por el juzgador y lo sostenido por las partes' (L.A. Nº 38, Fº 1390/1393, Nº 534).
Por lo dicho, en definitiva, no existen agravios que deban ser enmendados por la vía elegida y los enunciados por el quejoso, sólo trasuntan una mera disconformidad con lo decidido con fundamentos suficientes y acordes a las constancias de la causa."
¿Cómo votaron los jueces?
El voto de la Dra. Bernal que antecede fue acompañado por los Dres. Meyer y Otaola (adhieren), por lo que la decisión surge por mayoría.
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