Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. A-033.179/2007 (Tribunal del Trabajo -Sala IV- Vocalía 10) Riesgo de trabajo: CURCU
El actor promovió recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que hizo lugar a la excepción de falta de acción en un reclamo por riesgo de trabajo. La Suprema Corte, por mayoría, rechazó el recurso por carecer de nuevos elementos y confirmó que, estando afiliado el empleador a una A.R.T., el reclamo debe dirigirse contra la aseguradora; además reguló honorarios.
¿Quién es el actor?
Julio Darío Curcuy, representado por el Dr. Roberto Andrés Moya.
¿A quién se demanda?
Ledesma S.A.A.I., representada en el recurso por la Dra. María Rosario Noceti.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Prestaciones del régimen de riesgos del trabajo (LRT) por accidente/enfermedad laboral.
¿Qué se resolvió?
Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto; confirmar la decisión de instancia que hizo lugar a la excepción de falta de acción y rechazó la demanda contra el empleador; regular honorarios de los letrados.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"El tribunal del trabajo, por sentencia de fecha 22 de noviembre de 2022, hizo lugar a la excepción de falta de acción interpuesta por la demandada y, en consecuencia, rechazó la demanda del actor.
Para así resolver señaló, en lo sustancial, que en la demanda el actor reclamó las prestaciones de la LRT, que el sistema de reparación de infortunios laborales impone al empleador la obligación de afiliarse a una ART, que estas aseguradoras son las encargadas de la gestión de las prestaciones dinerarias o en especie y que la única excepción legal a esta regla es el caso de los empleadores autoasegurados o no asegurados.
Dijo que el art. 27 de la LRT dispone que los empleadores que no estén autoasegurados tienen la obligación de estar afiliados a una ART y el art. 26 de la citada ley pone a cargo de éstas la gestión y demás prestaciones de la LRT; que por su parte el art. 1 del decreto 334/96 establece, claramente, que “solo serán responsables frente a los trabajadores y sus derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos en la ley 24.557, los empleadores autoasegurados y aquellos que no cumplan con la obligación de afiliarse a una aseguradora”.
Analizado el recurso advierto que los agravios solo revelan mera disconformidad con la decisión adoptada, careciendo por tanto de la solvencia y autonomía necesaria para habilitar esta instancia de excepción.
En este sentido ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Deben rechazarse los agravios que sólo constituyen una mera reiteración de conceptos vertidos con anterioridad en la causa y no aportan ningún elemento nuevo de convicción u otras razones que justifiquen una solución distinta a la adoptada” (Fallos 322:1580).
No se hace cargo el recurrente de que la decisión se encuentra razonable y suficientemente fundada, conforme a los hechos y al derecho invocado en la sentencia, tampoco asume que el resultado al que llegó esta causa es consecuencia de la deficiente proposición de la demanda, en la que se observa desconocimiento de las normas que rigen la cuestión planteada.
En relación a ello, si bien no hay norma expresa en la ley 24557 que libere de responsabilidad al empleador que se encuentra afiliado a una ART, el art. 1 del decreto 334/96 –reglamentario de dicha ley- dispone que solo son responsables frente a los trabajadores y a sus derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos en la ley 24557, los empleadores autoasegurados y aquellos que no cumplan con la obligación de afiliarse a una ART.
En este caso el empleador se encontraba afiliado a una ART y, por lo tanto, liberado de responder por las prestaciones del régimen especial.
Sobre la cuestión esta Corte, en su antigua composición, dijo que “… en el sistema ideado y en cuanto aquí interesa, es posible afirmar que el empleador afiliado está exento de responsabilidad por el cumplimiento de las prestaciones que la L.R.T. pone en cabeza de las A.R.T. Vale decir, la contratación del seguro posee efectos liberatorios para el patrón frente al trabajador o sus derechohabientes que reclamen las prestaciones de la ley por accidentes y enfermedades del trabajo. Esta conclusión se sostiene en las siguientes premisas: en primer término, la categórica voluntad legislativa de asignar a las A.R.T. la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la L.R.T. (artículos 26 incisos 1º, 3º y 7º; 20 incisos 1º y 2º y 47 inciso 1º, entre otros); en segundo lugar, que no existe un texto que en forma expresa prescriba lo contrario (cabe aquí recordar la clásica expresión de la Corte Suprema: la inconsecuencia o la imprevisión no se presumen en el legislador) y, en tercer orden, que el empleador asegurado no responde ni siquiera en caso de liquidación de una A.R.T., hipótesis en la cual las prestaciones pendientes de pago o de cumplimiento serían afrontadas por el Fondo de Reserva creado al efecto y administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (artículo 34)” (L.A. 52, Nº 693; L.A. 54, Nº 392)."
¿Cómo votaron los jueces?
voto de la Dra. Bernal con adhesión de los Dres. Meyer y Otaola (unanimidad expresada en el acuerdo).
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Normas que cita
- Constitución Nacionalart. 17 · Constitucion nacional
- Ley 24.557arts. 26, 27, 39 · Ley de riesgos del trabajo
- Decreto 334/96art. 1
- Acordada 86/2020 (Jujuy)
- Acordada 111/2022 (Jujuy)
- Acordada 4/2023 (Jujuy)
- Ley 6112 (Jujuy)arts. 29, 32
- CPC (Jujuy)art. 102
Fallos que cita
- Fallos 322:1580CSJN
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