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Tribunal Superior

Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-233.025/2023 (Tribunal Contencioso Administrativo - Sala II - Vocalía 4) Ejecución de honorarios: Quispe, Emilia Jesús c/ Estado Provincial

El Estado Provincial, por medio del Dr. Rodrigo E. Garnica, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia que declaró inaplicable la Ley Nº 5320 y ordenó la ejecución de honorarios de la abogada Emilia Jesús Quispe. La Suprema Corte –Sala III– rechazó el recurso por falta de acreditación de los recaudos exigidos por la Ley Nº 5320 y por considerar que la regulación de honorarios fue conforme a criterio aplicado y no manifiestamente errónea.

Fecha de la sentencia
Tribunal
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala III-Vocalía 5 (JUJUY)
Fuero
Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala III-Vocalía 5
Jurisdicción
Local · Jujuy
Expediente
CA-20373/2023
Recurso de inconstitucionalidad Ley n? 5320 Ejecucion de honorarios Inaplicabilidad Honorarios profesionales Umas Fiscalia de estado Arbitrariedad Costas Regulacion arancelaria.

¿Quién es el actor?

El Estado Provincial, representado por el Dr. Rodrigo Ezequiel Garnica, en su carácter de recurrente.

¿A quién se demanda?

Dra. Emilia Jesús Quispe (acreedora/executante).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación (recurso de inconstitucionalidad) de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Sala II que declaró inaplicable la Ley Nº 5320 y ordenó la ejecución por $42.232 y reguló honorarios en $23.360; se cuestiona la inaplicabilidad de la Ley Nº 5320 y la regulación de honorarios.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado Provincial. Se impusieron las costas a la recurrente vencida y se difirió la regulación de honorarios profesionales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De la lectura de los argumentos expuestos por el recurrente no logro extraer razones ni elementos que me permitan concluir que la sentencia recurrida es arbitraria. Reiteradamente esta Suprema Corte de Justicia -siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha dicho que la tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la corrección, en esta instancia recursiva, de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende sólo a los supuestos de omisiones de gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales (Fallos 244:384, cita de Genaro R. Carrió - Alejandro D. Carrió. “El recurso extraordinario por sentencia arbitraria”, tercera edición, pág. 29, Abeledo-Perrot, 1983), lo cual no aconteció en el presente caso."

"En efecto, y tal como fuera expuesto, no ha quedado acreditado por el recurrente el cumplimiento de los extremos requeridos por la Ley Nº 5320 para que la misma resulte aplicable.

En relación a ello y como ha quedado dicho desde el dictado de las sentencias registradas en L.A. Nº 48 Nº 183, 184, 188, 190 todas del 17 de mayo de 2005 y, luego de ello, en los casos similares, para la aplicación del régimen establecido en la Ley Nº 5320 se debe cumplir con los siguientes recaudos: a) El registro de la acreencia debe hacerse a partir de la notificación judicial, lo que implica el deber a cargo de la Fiscalía de Estado que es el representante judicial único (v. Ley Nº 5320, artículo 3 inciso 2; y Ley Nº 5200) de llevarla a conocimiento de la Dirección de Presupuesto (Ley Nº 4958, artículo 16); b) El registro de la acreencia debe hacerse por estricto orden de antigüedad (Ley Nº 5313 y artículo 68 de la Ley Nº 11672) conforme la notificación judicial, no siendo necesaria la intervención del particular interesado, y sí en cambio, deber de la Fiscalía de Estado acreditar ante el juez de la causa, haber efectuado la comunicación, evitando así trámites de ejecución, mayores costas y dispendio jurisdiccional (artículo 94 de la Ley Nº 11672); c) Si el crédito no pudo ser satisfecho en el presupuesto en el que fue previsto (siguiente al de la notificación judicial, artículo 68 de la Ley Nº 11672, y artículo 13 del Decreto Nº 88-E-91 concordante con el artículo 22 de la Ley Nº 23982), la Fiscalía de Estado debe presentar ante el juez de la causa, la certificación de agotamiento de la partida que le permita cancelarlo en el subsiguiente. d) La certificación de agotamiento de la partida debe ser expedida por el funcionario constitucional -Contador General de la Provincia- a quien la ley le ha impuesto el cometido de ser el órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental (Ley Nº 4958, artículos 83 inciso a; 84 inciso c, y artículo 85). e) Por último, las comunicaciones y registros impuestos por la Ley Nº 5320 y sus normas incorporadas y concordantes, a cargo de los órganos provinciales, deben ser oportunas, cumplimentadas en tiempo y forma, y de ellas facilitarse el acceso a todos los interesados."

"En relación al segundo agravio, cabe recordar que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido reiteradamente que lo atinente a honorarios regulados en instancias ordinarias constituye materia ajena al recurso tentado, ya que la determinación de las bases consideradas a tal fin, la apreciación de los trabajos cumplidos y la aplicación de las normas arancelarias son en principio, por su carácter fáctico y procesal, insusceptibles de tratamiento por la vía extraordinaria, salvo que resultara manifiestamente errónea o absurda ... El a-quo fundó la regulación en lo resuelto en la sentencia registrada en LA Nº 4, Nº 159, en la cual se determinó que el honorario mínimo aplicable en la etapa de ejecución de la sentencia en los amparos por mora es un tercio de 8 UMAS (cfr. arts. 26 y 44 de la ley 6112), y en base a ello fijó los honorarios de la ejecutante en la suma de $23.360."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto del Dr. Llamas contiene la fundamentación principal; los Dres. Nieva y Meyer adhieren. El bloque dispositivo final del Tribunal acuerda por unanimidad el rechazo del recurso, imposición de costas a la recurrente y diferimiento de regulación de honorarios.

Normas que cita

  • Ley 5320 (Jujuy)
  • Ley 6112 (Jujuy)arts. 16, 20, 26, 44
  • Ley 4958 (Jujuy)arts. 16, 83 inc. a, 84 inc. c, 85
  • Ley 5313 (Jujuy)
  • Ley 5200 (Jujuy)
  • Ley 11672arts. 68, 94 · Permanente de presupuesto
  • Decreto 88-Eart. 13
  • Ley 23982art. 22 · Deuda publica
  • Ley 6385 (Jujuy)art. 7
  • Ley 4346 (Jujuy)art. 9 inc. 4
  • Acordada 28 (Jujuy)
  • Acordada 86/2020 (Jujuy)
  • Acordada 111/2022 (Jujuy)
  • Acordada 4/2023 (Jujuy)
  • CPC (Jujuy)art. 102

Fallos que cita

  • Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº C-233.025/2023SCJ Jujuy
  • CSJN (cita de Carrió)CSJN · Fallos 244:384
  • L.A. Nº 4, Nº 159SCJ Jujuy
  • L.A. Nº 48, Nº 183, 184, 188, 190SCJ Jujuy · 17/05/2005
  • L.A. Nº 6, Fº 39/43, Nº 11SCJ Jujuy
  • L.A. Nº 7, Fº 175/181, Nº 40SCJ Jujuy
  • Sentencias Nº 167/23, 551/23 y 1402/24SCJ Jujuy
  • L.A. Nº 42, Fº 387/388, Nº 136SCJ Jujuy
  • L.A. Nº 42, Fº 643/644, Nº 244SCJ Jujuy
  • L.A. Nº 45, Fº 822/824, Nº 364SCJ Jujuy

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