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Cámara de Apelaciones

BRAHIM MARIA ROSA c/ BRAHIM SARA MARTA s/ DIVISION DE CONDOMINIO

La demandada apeló la providencia que denegó la expedición de testimonio de hijuela en causa por división de condominio. La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación: confirmó que la apelada no está obligada a garantizar los honorarios de los letrados de la contraparte, pero sostuvo que no podrá expedirse la hijuela mientras no se acredite el pago del honorario del perito martillero conforme al art. 42 de la ley 7268.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
4044/10
Division de condominio Hijuela Honorarios Perito martillero Art. 42 ley 7268 Art. 35 ley 5480 Art. 34 ley 6059 Costas Apelacion Cpcyc

¿Quién es el actor?

María Rosa Brahim (actora).

¿A quién se demanda?

Sara Marta Brahim (demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

División de condominio y expedición de testimonio de hijuela derivado de convenio homologado (expte. 4044/10).

¿Qué se resolvió?

El recurso de apelación interpuesto por la demandada fue admitido parcialmente. Se modificó la providencia de fecha 31/03/2021 en cuanto a los efectos del art. 35 de la ley 5480 y art. 34 de la ley 6059 sobre los honorarios de los letrados: la recurrida no puede exigir a la apelante garantizar honorarios de los letrados de la actora cuando las costas fueron puestas a su orden; sin embargo, se confirmó que no procede expedir la hijuela mientras no se acrediten los pagos requeridos por el art. 42 de la ley 7268 respecto del perito martillero.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"2. El recurso prosperará parcialmente. Asiste razón al recurrente cuando sostiene que el art. 35 de la ley 5480 -y el art. 34 de la ley 6059- no le resulta aplicable con respecto a los honorarios de los letrados intervinientes por la parte actora, puesto que surge claro del convenio arribado y homologado judicialmente que las costas fueron impuestas por su orden (fs. 280) y que la parte demandada ha dado cumplimiento con aquella manda legal con respecto a su letrado (fs. 258/260).

El art. 35 de la ley 5480 dispone “Los jueces no podrán dar por terminado ningún proceso, disponer su archivo, otorgar testimonios de sentencia de cualquier índole y/o de hijuelas en juicios sucesorios, aprobar transacciones, admitir desistimientos, subrogación o cesión, dar por cumplida la sentencia, ordenar levantamiento de medidas cautelares, hacer entrega de fondos o valores depositados o de cualquier otro documento, sin que se acredite el pago de los honorarios regulados y firmes o se afiance su pago con garantía suficiente. (…) Podrá suplirse el pago o afianzamiento del mismo, de mediar conformidad escrita de los profesionales interesados…”. De su lado, el art. 34 ley 6059 dispone “Los jueces no podrán dar por terminado ningún juicio, disponer su archivo, aprobar o mandar cumplir transacciones, hacer efectivo desistimientos, dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, adjudicación o transferencia de bienes de cualquier clase, sin antes haberse dado cumplimiento al pago de los aportes previstos...”.

Se ha dicho que la parte que no debe honorarios a los profesionales de su contrincante no tiene que satisfacer las condiciones del artículo en relación a los mismos, pues no hay causa legal, sino que sólo debe atender a los honorarios de sus propios profesionales” (Brito- Cardoso de Jantzon, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Ediciones El Graduado, Tucumán, 1993, pag. 185-186). La garantía prevista en el art. 35 de la ley 5480 sólo es exigible a la parte obligada al pago, de donde quien no se encuentra condenado en costas, o cuando éstas han sido impuestas en el orden causado, sólo estará obligado al pago del honorario del letrado que le ha representado o patrocinado, pero tal garantía no aprehende los honorarios de los profesionales de la otra parte (cfr. LL 82-288; LL t. 86, Fallo 40305; LL 61-699; Rep. LLXLIII, A-I, pag. 1104, sumario nº 131; JA I-617; Revista Jus nº 18, pag. 93; ED 85-623, en obra citada, pag. 189)” (doctrina citada en CCCC Concepción, Sentencia 39 del 23/03/2016 “Gerez Zulema del valle c/ Rija de Sad Máxima y otros s/ simulación s/incidente de apelación”).

Sin embargo, distinta suerte debe correr el recurso respecto a los honorarios del perito, ya que resulta necesaria la conformidad de éste para dar por terminado el juicio. El perito es un auxiliar del juez, y por la función que desempeña puede ejecutar sus honorarios a cualquiera de las partes, con independencia del resultado del juicio y de la forma de distribución de las costas. Es doctrina legal de la Corte que: "El derecho que pueda asistir al perito nombrado a petición de una de las partes, de cobrar sus honorarios directamente de ésta, es distinto e independiente de la distribución de las costas procesales, que se rigen por las reglas generales vigentes en la materia; sin perjuicio del derecho a repetir de la contraparte lo que pudiere corresponder, según el modo de imposición de los causídicos" (CSJT, “Correa Miguel Ángel c. Jorge Daniel Alberto y Otros s/Daños Y Perjuicios, sent N° 323, 3/5/2005). También ha sostenido la Corte local que “Sobre este tema Patricia Bibiana Barbado, en su obra "Honorarios de Peritos", pág. 193 (Ed. Ad-Hoc), cita calificada jurisprudencia sobre el tema que dijo: "El derecho de los peritos al cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes encuentra su justificación en el carácter de auxiliares de la justicia, que impone el deber de proteger su emolumento con independencia de la imposición de costas, y con el objeto de desvincularlo del resultado del juicio, preservando así su imparcialidad. Estas razones obligan a efectuar una interpretación estricta de cualquier hipótesis que conlleve la posibilidad de frustración de sus derechos. (LL 1992-B-18; LL 1994-E-691; ED 98-281 y LL 1996-B-708, entre otros). Además, agregaba que " La obligación de pagar los honorarios del perito, que recae sobre la parte no condenada en costas proviene de la ley, ya sea en virtud de la teoría del enriquecimiento sin causa (como en los casos del empleo útil, la gestión de negocios impropia, las recompensas entre cónyuges, el pago de mejoras, la repetición del pago sin causas, etc.), o del principio de analogía que emana de esas soluciones particulares. C. Nac. Civil., Sala A, 3/6/97- LL 15/10/97). Tales razones, más lo dicho por la Corte Suprema de la Nación, en el sentido de que "Con independencia de que, en definitiva, los gastos en que incurrió el perito deban ser soportados por quien resulte condenado en costas, ello no es obstáculo para que el perito persiga su cobro de cualquiera de las dos partes, sin perjuicio de los reintegros que, en su oportunidad las partes pudieran reclamarse" (28/12/89- JA 1990 II, pág. 264)"...” (CSJT, “Araya José Vicente vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/ Accidente de Trabajo”, sentencia 15 de fecha 07/02/2003) (CCCC Sala I, Sentencia 220 del 05/06/2014 “Lazarte Ramón Francisco c/ Médicos Asociados S.R.L.- (Sanatorio San Lucas) y otros s/ daños y perjuicios”, Sentencia 318 del 16/12/2020 “Frías Darío Orlando y Saravia Raúl Alejandro c/ Monzón Héctor Omar Juan s/ daños y perjuicios”).

Carece de eficacia el argumento recursivo fundado en que su parte no está obligada a pagar los honorarios del martillero, por cuanto éste habría sido sorteado a petición de la actora (cfr. acta fs. 168). Debe decirse que, además de tratarse de un trámite establecido en la ley de rito (art. 470, 471 y cc. CPCyC) para juicios de división de condominio como el presente, donde las partes no se opusieron a la división, el art. 340 del CPCyC fija reglas sobre el pago de los gastos y honorarios del perito. Así las cosas, de las constancias de autos resulta que el juzgado aceptó la prueba pericial ofrecida por la parte actora a los fines de determinar el valor del inmueble y, a partir de allí la demandada tenía un plazo para impugnar su procedencia o manifestar que carecía interés en la pericia y que en consecuencia se abstendría de participar en su producción (cfr. art. 340 incs. 2 y 3 CPCyC). Sin embargo, la Sra. Sara Marta Brahim no sólo no se opuso a su producción, sino que, por el contrario, peticionó en la audiencia de fecha 03/06/2016 que “...se oficie al Registro Inmobiliario y Catastro Parcelario para actualizar los daños del inmueble como así su valuación fiscal actual, a fin de que el perito que fuere sorteado oportunamente pueda tener la documentación actualizada.” Asimismo, designó un perito de parte “para una eventual valuación pericial”, no obstante solicitar también una reunión con la otra condómina, a fin de evaluar la posibilidad de establecer un valor de común acuerdo del 100% de la propiedad (cfr. fs. 168).

En definitiva, sin perjuicio del acuerdo homologado en el que se pactaron que las costas sean por su orden (fs. 280), no puede darse por terminado el juicio si antes no se han abonado los honorarios del Martillero actuante (cfr. art. 42 ley 7268 y cc.).

En virtud de lo expuesto, el recurso de apelación deducido por la demandada en contra de la providencia de fecha 31/03/2021 se recepta, pero únicamente en lo que hace al cumplimiento de los art. 35 de la ley 5480 y 34 de la ley 6059 con respecto a los letrados de la contraria, pero no así en cuanto al necesario previo cumplimiento de lo normado por el art. 42 de la ley 7268 respecto al perito martillero Jorge Martín Coronel."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal con coincidencia de votos (art. 23 bis LOPJ), por lo que la solución expresada en el dispositivo es la decisión de la mayoría. No se registran discrepancias consignadas en el dispositivo.

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