ELIAS DE PEREZ SILVIA Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
Demandantes promovieron amparo contra la Provincia de Tucumán solicitando se declare la inconstitucionalidad y la suspensión de la aplicabilidad de la Ley Nº 8.983. La Corte Provincial denegó la medida cautelar al considerar que las modificaciones introducidas por la Ley Nº 8.992 han attenuado prima facie las cuestiones constitucionales planteadas, por lo que no surge fumus boni iuris suficiente para otorgar la cautelar.
¿Quién es el actor?
Silvia Elías de Pérez, José María Canelada y Juan Andrés Robles.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acción de amparo solicitando se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Ley Nº 8.983 (“De Ministerio Pupilar y de la Defensa y de Ministerio Público Fiscal”) y, en sede cautelar, la suspensión de su aplicabilidad (medida de no innovar).
¿Qué se resolvió?
NO HACER LUGAR a la medida cautelar peticionada por los actores; denegación de la medida cautelar de suspensión de la Ley Nº 8.983.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"De acuerdo al art. 218 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCyC), de aplicación supletoria al presente proceso en virtud de lo dispuesto por el art. 31 del CPC, para el despacho favorable de una medida cautelar, el peticionario debe justificar -en forma sumaria- la verosimilitud de su derecho, así como el peligro de su frustración o la razón de urgencia de la medida.
Respecto del llamado fumus boni iuris, con acierto se sostiene que quien solicita la protección de la tutela cautelar debe acreditar la razonable verosimilitud del derecho invocado sin que se exija prueba terminante y plena del mismo, bastando la mera presunción derivada de la apariencia..."
"En efecto, por de pronto se observa que la invocada tensión constitucional entre las atribuciones otorgadas al Ministerio Pupilar y de la Defensa y al Ministerio Público Fiscal en la Ley N° 8.983 y las reconocidas por el art. 121 de la Constitución de Tucumán a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a efectos del gobierno del Poder Judicial de Tucumán, habría cedido en beneficio de la norma de rango superior, pues la Ley N° 8.992 ha reemplazado el inc. 1 del art. 160 sexies, por el siguiente: «Ejercer la Superintendencia del Ministerio Pupilar y de la Defensa en el marco de lo dispuesto, por el Art. 121 de la Constitución de la Provincia de Tucumán»; lo propio se ha hecho con el inc. 1 del art. 94 bis, que en la actualidad dispone: «Ejercer la Superintendencia del Ministerio Público Fiscal, en el marco de lo dispuesto por el Art. 121 de la Constitución de la Provincia de Tucumán». Ambas disposiciones lucen prima facie conformes a la norma constitucional antes citada (art. 121) y a la disposición concordante de la Ley Nº 6.238 (art. 13), que mantiene su plena vigencia."
"Cabe entonces concluir -y siempre en el estrecho marco de conocimiento que ofrece una medida cautelar- que la pretensión dirigida contra las disposiciones de la Ley Nº 8.983 precedentemente reseñadas, no presentaría prima facie el mentado “aire de buen derecho”, que -en un examen liminar y acotado- habría sido aparentemente barrido por la Ley N° 8.992..."
Dispositivo final textual: "NO HACER LUGAR a la medida cautelar peticionada por la parte actora."
(No constan votos en disidencia; la decisión se expresa en el bloque resolutivo citado.)
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