PROVINCIA DE TUCUMAN c/ DI BACCO ALBERTO s/ DESALOJO
La Provincia de Tucumán (DGR) apeló la declaración de inconstitucionalidad de las leyes provinciales 8.228 y 8.851 y su Decreto Reglamentario 1583/1, que impiden el cobro inmediato de honorarios profesionales. La Cámara III confirmó la sentencia de grado, entendiendo que la Ley 8.851 no prevé excepción para créditos alimentarios y que, por tratarse de honorarios de carácter alimentario (en los términos y límites expresados), su aplicación resulta inconstitucional en el caso.
¿Quién es el actor?
Provincia de Tucumán – Dirección General de Rentas (DGR), en calidad de apelante.
¿A quién se demanda?
Di Bacco Alberto (parte demandada en el expediente originario) y/o el letrado apoderado (honorarios regulados a favor de la Dra. Silvia A. Peyracchia).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se discute la constitucionalidad y aplicabilidad de la Ley Provincial Nº 8.851 (y su Decreto Reglamentario Nº 1.583/1) y de la Ley 8.228 respecto del régimen de pago de condenas/cobro de honorarios; la instancia de grado declaró la inconstitucionalidad de esas normas en lo que impide el pago prioritario de créditos de naturaleza alimentaria (honorarios profesionales).
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 17/10/2018 que declaró inconstitucionales las normas impugnadas en los términos allí precisados; se imponen las costas del recurso a la apelante.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Transcripción de párrafos relevantes del fallo (texto del tribunal):
"Ello en tanto como ya tuvimos oportunidad de expresarlo (vide CCDL- Sala III - autos “Gobierno de la Provincia de Tucumán –DGR- vs. Los Cevilares S.A. s/ Ejec. Fiscal –Incidentes –Inc. de Eje. De Hon. Dr. G.J. Molina, Expte. n°A3018/01-12, fallo n°403 del 29/11/2017) nuestro Tribunal Cimero ha expresado que la ley nº8.851, '...estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer prioridad temporal de pago de las acreencias del estado, el "estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de planilla firma y definitiva (art.4, último párrafo, Ley Nº8.851).... Es que si el crédito...es de naturaleza alimentaria, va de suyo que la fecha de su cobro no puede quedar sujeta a una pauta que sólo se atiene estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de su acreencia.- De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la Ley y su Decreto reglamentario someten a las deudas del estado, sin aprehender las circunstancias atendibles como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras - como las que nos ocupa-, que si ostentan tales características.- Por lo tanto, ante la omisión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley 8.851 (...)' (CSJT, "Alvarez Jorge Benito y otros s/Prescripción Adquisitiva", Expte. 6/10, sentencia nº1680 del 31/10/2017)".
"Ahora bien, en el sub examine no podemos soslayar que el crédito sobre el que gira la disputa es por honorarios profesionales impagos y por ende, de naturaleza alimenticia sin que de las constancias obrantes en la causa se desprenda el menor indicio que la demandada haya satisfecho a la fecha el crédito adeudado, o que fuera hacerlo en lo inmediato, de conformidad a las previsiones de la Ley Nº 8851, no obstante haber transcurrido ya más de 2 años de la fecha del dictado de la sentencia regulatoria de honorarios."
"Sentado lo expuesto y atendiendo al monto de los emolumentos a cargo de la actora y regulados a la letrada Silvia A. Peyracchia ($46.872 por el proceso principal + $28.122 por tres incidencias), se advierte que los mismos son inferiores a dos sueldos de juez de primera instancia, razón por la cual en su totalidad y conforme los parámetros que hemos dejado establecidos, tienen carácter alimentario.- De tal modo esos emolumentos no se encuentran alcanzados por las disposiciones de la ley 8.851, por ser inconstitucional su aplicación en este caso y por ello se confirmará lo decidido en la Instancia de Grado a su respecto."
¿Cómo votaron los jueces?
la Cámara confirma la inconstitucionalidad y mantiene la protección de créditos de carácter alimentario (honorarios) en los términos señalados por la sentencia de grado. No surge voto en disidencia relevante que cambie la solución mayoritaria.
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