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Cámara de Apelaciones

PROVINCIA DE TUCUMAN c/ MEDINA CARLOS EDMUNDO s/ EXPROPIACION

La Provincia de Tucumán apeló la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8851 y su decreto reglamentario en un expediente de expropiación por indemnización. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que declaró inaplicable la normativa para el caso concreto por afectar la garantía constitucional de indemnización previa y ordenó mantener la ejecución.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
1111/11
Expropiacion Indemnizacion previa Inconstitucionalidad Ley 8851 Ejecucion de sentencia Derecho de propiedad Constitucion nacional art. 17 Prioridad de pago Provincia de tucuman Adulto mayor

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán.

¿A quién se demanda?

Carlos Edmundo Medina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Juicio de expropiación; cumplimiento de la indemnización fijada por sentencia firme por $13.890 y ejecución de esa sentencia.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 06/09/2018 en cuanto declaró la inconstitucionalidad, para el caso concreto, de la Ley Nº 8851 y del artículo 2 de su decreto reglamentario; se mantienen las costas a cargo por el orden causado y se reserva pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 17 de nuestra Ley Fundamental dispone que La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada85. La jurisprudencia de la Corte Suprema nacional ha delineado el concepto de justa indemnización del bien expropiado, expresando que '...la indemnización debe ser integral; el valor objetivo del bien no debe sufrir disminución ni desmedro alguno, ni debe el propietario experimentar lesión en su patrimonio que no sea objeto de oportuna y cumplida reparación. Esto es así porque la expropiación, tal como está legislada en nuestra Constitución es un instituto concebido para conciliar los intereses públicos con los privados, y la conciliación no existe si éstos sacrifican sustancialmente aquéllos y si no se compensa al propietario la privación de su bien, ofreciéndole el equivalente económico que permita, de ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del desapoderamiento...' (CSJN, Fallos: 268:238; 325, 489, 510; 269:27; 271:198)."

"Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley N° 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva (art. 4, último párrafo, Ley N° 8.851)85. Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza del crédito impago, no existe otro camino que mantener, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley N° 8.851. En consecuencia y para el caso concreto, con relación al actor, la norma atacada genera menoscabo al derecho de propiedad con incidencia directa en el ámbito personal85."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran disidencias en el bloque dispositivo final; el acuerdo del Tribunal confirma la sentencia apelada conforme al texto resolutivo citado.

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