FORD SUSANA MARGARITA c/ GONZALEZ ITURBE DIEGO JULIAN Y OTRO s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
La actora promovió demanda de nulidad de compraventa por lesión patrimonial (art. 954 CC) impugnando la venta de un campo por USD 45.000. La Cámara confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda por falta de prueba sobre la desproporción y los elementos subjetivos de la lesión.
¿Quién es el actor?
Ford Susana Margarita (parte actora).
¿A quién se demanda?
Gonzalez Iturbe Diego Julián y otro (compradores).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad relativa del acto jurídico (compraventa de un campo) por lesión (art. 954 CC), por alegada notable desproporción entre prestaciones y aprovechamiento de necesidad/inexperiencia de la actora.
¿Qué se resolvió?
Se desestimó el recurso de apelación de la actora y se confirmó íntegramente la sentencia de fecha 08/06/2018 que rechazó la demanda y condenó en costas a la actora; difiriéndose pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"La ley exige que las prestaciones sean desproporcionadas en forma notable, evidente, y ello significa que debe saltar a la vista y ser tan manifiesta que ponga de relieve en forma inmediata el desequilibrio en la contratación; por cierto tal determinación es una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio judicial (Ibáñez, op. cit., pág. 545).
Por otra parte, en cuanto a los presupuestos de la acción, el CC sigue un criterio objetivo y subjetivo a la vez que exige la concurrencia del desequilibrio entre las prestaciones, pero también que se haya llegado a él mediante el abuso (explotación) de una de las partes con relación a la otra (id. autor, pág. 544).
En consecuencia y en lo tocante a la carga de la prueba, que es materia de lo resuelto en el fallo y el argumento principal del apelante, al actor que demanda la lesión le corresponde la prueba de los requisitos objetivos y subjetivos de su procedencia, o sea, la desproporción injustificada entre las prestaciones y también su estado de necesidad, ligereza o inexperiencia y la explotación de la situación de inferioridad por parte del adversario.
No obstante que la ley presume el requisito subjetivo por la existencia de la notable desproporción, ello no debe dar lugar a enfocar la acción del afectado únicamente en la demostración de la notable desproporción ya que ello conduciría a entender que sólo hay una lesión objetiva, lo que la ley no quiere, por lo que todos los requisitos, tanto objetivos como subjetivos, han de ser demostrados por el actor. Asimismo, si quedase acreditada una desproporción notable que diera lugar a la presunción aludida, igualmente al demandado le correspondería la carga de la prueba para desvirtuar dicha presunción iuris tantum, esto es, que, aunque hubiera tal desproporción entre las prestaciones, estaba justificada, el actor no se encontraba en estado de inferioridad, o bien no sufrió explotación alguna (id. autor citado, pág. 559)."
"Como ya lo había advertido la sentencia, y además surge de las constancias objetivas de autos, la actora no produjo ningún medio de prueba con relevancia para esclarecer el presupuesto objetivo central de la presente acción, esto es, que hubiera una desproporción notable entre las respectivas prestaciones, en concreto, cuál era el valor del inmueble a la época de la operación y en cambio el demandado, indirectamente suministró tal información aunque no de forma concluyente ya que los dos informes recabados presentan importantes divergencias entre tales valores.
Es así que el actor aporta una constancia suscrita por un funcionario municipal de la ciudad de Pozo Hondo del Departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero de abril de 2010, en el que informa que el valor de la hectárea en ese departamento, con mejoras oscila entre los u$s 1.000 y u$s 1.500, y sin mejoras u$s 800 (fs. 2).
Sin embargo dicha documentación no fue reconocida ni certificada en la forma prevista en el código procesal, siendo de destacar que el actor no se ocupó de ello sino el propio demandado, no obstante que el correspondiente oficio ley 22.172 no fue diligenciado (véanse fs. 484/489 cuad. Dem. N° 8).
Otro elemento que podría indicar una aproximación está dado por el contrato de compraventa de fecha 27/05/2004 por el que la actora adquirió la finca que luego vendió a los demandados (fs. 68/69), en donde ambas partes convinieron un precio de $96.000, destacándose que la valuación fiscal del inmueble a esa fecha era de $95.287 (fs. 69 declaraciones complementarias), suma que sería equivalente a u$s 32.323 en razón de que ese día la divisa norteamericana cotizaba a $2,97 (ver sitio www.errepar.com/cotizacion-dolar ).
Sin embargo dicho precio, como acaba de ser señalado, es apenas superior a la valuación fiscal, por lo que ha de ser tomado con las reservas del caso ya que no suele representar el valor venal del predio. Y ello además sin contar que se trata de una operación efectuada cinco años antes de la venta cuya anulación pretende la actora.
Otra prueba -nuevamente ofrecida y producida por el demandado-, en este caso, la prueba testimonial, que la actora apelante aduce para fundar sus agravios, se advierte que no es atendible ya que el testigo Falivene (con quien la actora convino una cesión de derechos litigiosos -fs. 14/17) alude al precio de la finca hoy (2014) y no a 2009 (véase respuesta quinta a fs. 424), sin perjuicio de que sus dichos pueden estar influenciados por el aludido vínculo entre el testigo y la actora.
Fuera de ello, no hay más pruebas o elementos que la actora hubiera aportado en el sentido señalado y como acabamos de ver, ello resulta imprescindible en el caso concreto al no haber quedado en claro cuál sería el valor real, serio o de mercado de la finca al momento de la venta cuestionada, lo que, me permito insistir, no es una noción de hecho pública o conocida por todas las personas.
En consecuencia el recurso no logra refutar convincentemente el argumento central del fallo que entendió que la parte actora no había rendido ninguna prueba en autos que abonase su postura, ni ello puede inferirse en modo alguno de las restantes pruebas producidas por la parte demandada."
¿Cómo votaron los jueces?
Dos votos concordantes (Acosta y Ibáñez) que integran la mayoría; no hubo disidencia.
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Leyes que cita
- Ley 22.172Convenios
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