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Cámara de Apelaciones

ROMANO DARDO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO

El actor promovió acción de amparo contra la Provincia de Tucumán solicitando dejar sin efecto el decreto que lo pasó a retiro obligatorio y su reincorporación al servicio. La Cámara declaró competente al fuero contencioso administrativo, declaró la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 57 de la ley 6944 y, por mayoría, rechazó la acción de amparo al entender que no existe ilegitimidad manifiesta del acto ni derecho líquido del actor.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Sala 2 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Sala 2
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
456/18
Amparo Retiro obligatorio Policia provincial Ley 3.886 Competencia contencioso administrativo Inconstitucionalidad art. 57 ley 6944 Arbitrariedad manifiesta Derecho a reintegro Costas al actor Accion expedita

¿Quién es el actor?

Dardo Romano, con patrocinio letrado de Samuel Salvador López.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se pide que se deje sin efecto el decreto n.º 2.868/7 (SES) del 29/08/2018 que dispuso su pase a situación de Retiro Obligatorio (art. 14, inc. 12 Ley 3.886) y se ordene su inmediato reintegro al servicio policial.

¿Qué se resolvió?

La Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad del primer párrafo del art. 57 de la ley 6944 y, en consecuencia, su competencia; NO HIZO LUGAR a la demanda de amparo; impuso costas al actor y reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"Debe tenerse en cuenta que el retiro obligatorio es un modo de culminación de la carrera policial pre establecida legalmente, ab initio, presente ya cuando el Sr. Romano ingresó, casi 30 años atrás, al régimen policial. Y en ningún momento cuestionó dicho régimen o facultad del Jefe de Policía.

Pero además, la demanda no se ha hecho cargo argumental de la manera en que la implementación del instituto legal del retiro obligatorio, implicó, en los hechos, una desviación de sus fines propios.

Repárese que el propio decreto cuestionado, a la vez que resulta una aplicación normativa lineal del art. 14 de la ley 3.886, deja a salvo la situación de aquellos individuos que tuvieren situaciones pendientes, cuya resolución pudiere afectar su causal de desvinculación. Así lo expresa: 'déjase establecido que lo dispuesto precedentemente, es sin perjuicio de que pueda modificarse la causal de desvinculación de autos, de acuerdo al resultado de las causas pendientes de resolución que en su caso pudieran registrar los causantes' (art. 2º).

Con ello se consagra la posibilidad, aún, de que la situación de revista de los ex empleados policiales pueda modificarse, a resultas de las causas pendientes que tuvieren. Es decir que los fines encubiertos que alega el actor -de separar al agente- no se advierten configurados, sino que la administración recalca en el acto que la situación de cada causante no se ve alterada: prosigue independientemente de su pase a retiro obligatorio."

"III.3. En definitiva, en este contexto, no se aprecia el grado manifiesto de ilegalidad que el actor atribuye a la conducta de la demandada o al decreto nº 2.868/7 (SES) del 29/08/2018; ni tampoco se verifica la liquidez o evidencia del derecho que invoca para sí. De manera entonces que corresponde desestimar esta demanda de amparo, sin perjuicio de las 'acciones ordinarias que pudieran corresponder a cualquiera de las partes para la defensa de sus derechos' (artículo 65, ley 6944)."

Además, la Cámara destacó como criterio general del amparo:

"Del artículo 50 de la Ley 6.944 surge que el acto impugnado por la vía de amparo debe adolecer de arbitrariedad o ilegalidad en grado manifiesto, lo que en la doctrina se ha caracterizado como una 'ostensible ilegitimidad, verificable a simple vista' ... sólo la que alcanza el grado máximo de evidencia que comporta la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta resulta susceptible de ser enjuiciada dentro de los límites de un proceso tan abreviado y urgente."

¿Cómo votaron los jueces?

ambos vocales (Dr. Carlos Giovanniello, preopinante, y Dr. Rodolfo Novillo que adhirió) coincidieron en declarar la competencia del fuero contencioso administrativo y en rechazar la acción de amparo conforme los fundamentos citados.

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