HELPA S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ NULIDAD/REVOCACION
La actora Helpa S.A. demandó la nulidad de la Resolución DGR N° M 493/17 (16/03/2017) que le impuso una multa por retenciones no ingresadas; reclamó extinción de la acción por reparación y falta de dolo. La Cámara rechazó la demanda y confirmó la validez de la resolución impugnada y su confirmatoria (TFA n° 564/17), por no operar la extinción de la acción y por haberse acreditado la presunción legal de defraudación; aplicó el mínimo legal de la multa ($459.111,84).
¿Quién es el actor?
HELPA S.A., representada por la Dra. Josefina M. Pasquini Terán.
¿A quién se demanda?
PROVINCIA DE TUCUMÁN - Dirección General de Rentas (DGR).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Nulidad y/o revocación de la Resolución DGR N° M 493/17 del 16/03/2017 y de su confirmatoria TFA n° 564/17 del 24/10/2017, que impuso multa equivalente a dos veces el monto retenido por el período 07/2015 (Importe de la multa: $459.111,84).
¿Qué se resolvió?
No se hace lugar a la pretensión de nulidad; se confirman la resolución administrativa y su sentencia confirmatoria; costas a la actora; reserva de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En resumidas cuentas, es dable observar que por imperio de la remisión que el codificador penal ha efectuado en el inciso 6º del art. 59 CP, tanto ese inciso como las disposiciones del CT local resultan a) plenamente operativas y, b) lejos de excluirse, resultan perfectamente conciliables.
En efecto, el CP ha dispuesto la extinción de la acción penal “de conformidad con lo previsto” con la legislación local, dando entidad a tal regulación. Cierto es que el CP ha fijado un “piso” o un mínimo legal por debajo del cual las legislaturas locales no deben transitar, debiendo –por encima de él- regular las condiciones en que aquella extinción de la acción penal opera.
Y –según se ha transcripto párrafos atrás- a nivel local, dicho mandato se encuentra satisfecho a través de la consagración de los supuestos en que el Fisco considera que los contribuyentes “quedan liberados” de sanciones –regularización espontánea del art. 91- que no es otra cosa que la extinción de la acción penal a que se refiere el art. 59, inc. 6º-.
En el caso de autos, ha quedado debidamente acreditado que Helpa efectuó las retenciones correspondientes al período 07/2015 – Impuesto sobre los IB, y presentó la DJ a la fecha de vencimiento, esto es, al 11/08/2015. También surge de las actuaciones administrativas que, ante la falta de pago de las retenciones, fue notificado de la instrucción de un sumario en su contra por presunta configuración de la infracción prevista en el art. 86, inc. 2, el 18/09/2015 (fs. 70), y que formalizó dicho pago el 16/10/2015 (cfr. informe de la División Sumarios y Multas de fs. 69). Ante ello, el Fisco impuso la sanción de multa por resolución M 493/17 del 16/03/2017. Es decir que el comportamiento del agente no cumplió con los requisitos establecidos localmente para extinción de la acción punitiva (que era la regularización espontánea de la obligación omitida), dado que el ingreso de los montos retenidos, se produjo con posterioridad a la notificación de instrucción de sumario en su contra. Con ello, no se viola la aplicación de ningún principio general en material penal, sino que –auspiciada la aplicación de una reglamentación adjetiva local- no se verifican en el caso restricciones irrazonables, ni ello ha sido objetado en modo alguno para el caso de marras.
... En definitiva, considero que en el caso de autos, el Fisco encuadró debidamente la conducta del agente, al haber tenidos por ciertos los hechos imputados (art. 123 in fine CT), y por autorizado legalmente el desplazamiento del principio de inocencia por la presunción defraudatoria (art. 88, inc. 3 CT), sin probanza en contrario efectuada por el contribuyente (constancias del sumario). Sumado a ello, se advierte que en ninguna ocasión la parte actora ensayó una explicación que justificara, -en sede administrativa, ni tampoco en instancia judicial-, por qué retuvo en su poder, durante más de 2 meses, la suma de $229.555,92 correspondiente a retenciones efectuadas a terceros, en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, sin ingresarlas a las arcas estatales, o que invocara siquiera a su favor una situación de error excusable.
En virtud de todo ello, e insistiendo que en el caso se ha aplicado a la actora el mínimo legal previsto en la norma, resulta improponible la descalificación de que la sanción aplicada haya incurrido en exceso de punición."
¿Cómo votaron los jueces?
Voto del Dr. Carlos Giovanniello (preopinante) acompañado por el Dr. Rodolfo Novillo; acuerdo por unanimidad de la Sala Segunda.
Ver el fallo completo
Dejá tu email y te mostramos la sentencia completa.
El resumen se genera automáticamente con fines informativos: no es información oficial ni opinión legal, y no reemplaza la lectura del fallo completo. Para cualquier decisión, consultá la sentencia original con un profesional.
Encontrá la jurisprudencia para tu caso
Buscá en los fallos de JurisprudenciaARG por tema, tribunal y fecha. Creá tu cuenta para empezar.