MARTI COLL CARLOS NICOLAS JOSE c/ HEREDEROS DE ARMANDO MARIA ELENA s/ ESPECIALES FUERO DE ATRACCION

¿Quién es el actor?

Carlos Nicolás José Marti Coll.

¿A quién se demanda?

Herederos de María Elena Armando (Percy Alberto Vicente Hill Terán cónyuge supérstite; Guillermina Hill Terán, Alberto Hill Terán, Gabriel Hill Terán y María Cecilia Hill Terán, hijos).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cumplimiento de contrato (denominado "Contrato de UTE" de fecha 20/02/2003) y entrega del equivalente a 7.150 bolsas de cemento por cada lote (Padrón N° 777712 y Padrón N° 776819), o pago del precio convenido; en subsidio la ejecución de las obligaciones pactadas y fijación de plazo.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de fecha 29/06/2017 que hizo lugar a la demanda de cumplimiento: ordenó la entrega o pago del equivalente a 7.150 bolsas de cemento más intereses conforme tasa pasiva respecto del Padrón 777.712 (ya vendido) y fijó plazos y obligaciones respecto del otro inmueble; rechazó los recursos de apelación de los codemandados y tuvo por desistido sin costas el recurso del actor.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Dicho ello, tenemos que, puesta en duda la autenticidad de la firma atribuida a la Sra. Armando en el documento privado denominado contrato de UTE, ambas partes ofrecieron prueba pericial caligráfica, la que se produjo a partir del trabajo realizado por el perito desinsacado en autos, Sr. Gabriel Ruiz, quien concluye en su pericia que la firma inserta en el documento privado corresponde a la Sra María Elena Armando.

Impugnada la pericia, la aquo rechaza dicha impugnación al momento dictar sentencia.

Al respecto observo que la sentenciante funda su decisión valorando el análisis técnico pormenorizado elaborado por el perito calígrafo. En cambio, el apelante se limita a decir que la aquo hace un análisis descriptivo de la pericia y a cuestionar que no se haya realizado una nueva pericial teniendo en cuenta que existe en autos un dictamen realizado por el perito Palomares que niega autenticidad a la firma atribuida a la Sra. María Elena Armando.

En este marco debo decir que, por un lado, la impugnación a la prueba pericial es realizada únicamente con la asistencia de las letradas Silveti Pérez y Gutiérrez, sin ningún tipo de apoyo técnico, pues los demandados no designaron perito de parte o asesor técnico. Tal circunstancia hace que la impugnación carezca de fuerza y contundencia para menoscabar con seriedad a un dictamen pericial que, tal como lo destaca y describe la aquo en su sentencia, se fundó en numerosos elementos técnicos que el perito deja plasmados en su trabajo.

Por otro lado, la labor realizada por el perito calígrafo Horacio Rubén Palomares (fs.86/92) carece de relevancia probatoria en este juicio, pues se llevó a cabo de forma privada, sin ningún tipo de control por parte de la contraria ni del juzgador, situación que pone en grave riesgo el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), por lo que no puede ser tenido en cuenta ni mucho menos ser confrontado con el trabajo del perito designado en autos con todas las formalidades y controles previstos por el Digesto de Rito..." (voto Dra. Graciela Valls de Romano Norri).

"Acreditada la veracidad de la firma atribuida a la Sra Armando e inserta en el instrumento privado denominado por los contratantes como contrato de U.T.E. nos encontramos frente a dos instrumentos donde ambas partes plasman un acuerdo transaccional y asumen distintas obligaciones recíprocas.

En este contexto corresponde decir, en lo concerniente a la alegada preeminencia de un instrumento por sobre el otro, concretamente de la escritura pública por sobre el instrumento privado -ello en base a la fuerza probatoria que el art. 980 del C.C. otorga a estos documentos- que tal argumento carece de todo sustento, pues de forma unánime y reiterada se ha señalado, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial que, una vez reconocida la veracidad de la firma inserta en un documento privado (sea de forma voluntaria o forzada, como en el caso de autos), este goza de idéntica fuerza probatoria que la de un instrumento público.

En consecuencia, al pertenecer ambos instrumentos a los contratantes, estos deben ser valorados e interpretados de forma conjunta y conforme las reglas y principios recogidos por el art. 1198 del C.C. que establece que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender...

Al revisar ambos documentos (la escritura pública y el denominado contrato de UTE), constato que, contrariamente con lo afirmado por el recurrente en sus agravios, no nos encontramos frente a contratos que contengan disposiciones contradictorias, sino que, en realidad, se trata de un único negocio jurídico, un único contrato, instrumentado a través de dos documentos..." (voto Dra. Graciela Valls de Romano Norri).

¿Cómo votaron los jueces?

Sala integrada por Dres. Graciela Valls de Romano Norri (voto íntegro) y Hugo Felipe Rojas (adhesión). Bloque dispositivo final confirma la sentencia apelada (falta de lugar a los recursos de apelación y desistimiento del actor).