INSTITUTO DE PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL DE TUCUMAN c/ JOSE MINETTI Y CIA. LTDA. s/ EJECUCION FISCAL
La actora promovió ejecución fiscal por tasa retributiva de servicios prevista en la Ley provincial Nº 8.573 contra José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I. El Tribunal de casación rechazó el recurso por falta de conexión entre las tachas de inconstitucionalidad formuladas y el título ejecutivo perseguido, confirmando así la procedencia de la ejecución.
¿Quién es el actor?
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT).
¿A quién se demanda?
José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C.I.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Ejecución fiscal por tasa retributiva de servicios (equivalente al 5‰ del valor de la cantidad total de azúcar y alcohol producidos) por $1.197.202,33 (capital e intereses) por periodos mayo-octubre 2013.
¿Qué se resolvió?
Se desestimó el recurso de casación interpuesto por la ejecutada y se impusieron las costas de la instancia a la recurrente. Se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Con la retórica ut supra transcripta, en rigor, el demandado persigue la inconstitucionalidad de los siguientes aspectos de la Ley N° 8.573: fijación de cupos obligatorios de exportación de azucares, determinación anual de la cantidad de la producción de azúcar y alcohol que debe destinarse a abastecer el mercado interno, instauración de un sistema de depósitos de azucares, establecimiento de la obligación a los ingenios de implementar sistemas de control de producción y de molienda.
Tales aristas se encuentran reglamentadas especialmente en los siguientes dispositivos de la Ley N° 8.573: 4 inc. 2 (“Estimar, al comienzo de cada zafra, la cantidad de la producción de azúcar y alcohol que debe destinarse al abastecimiento del mercado interno”); 11 incs. 3 a 5 (sistema de depósitos de azucares); 15 (“Los ingenios azucareros y las destilerías de alcohol, estarán obligados a instrumentar los sistemas de control de molienda, producción”).
De lo relatado surge, entonces, que el ejecutado pretende la declaración de inconstitucionalidad de ciertos aspectos “regulatorios” del diseño normativo de la Ley N° 8.573.
Ahora bien, en autos, nos encontramos frente a una ejecución fiscal que resulta consecuencia del incumplimiento de tasas retributivas de servicios (arts. 10 inc. 1 y 21 de la Ley N° 8.573), estimadas a partir de las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente.
De la atenta lectura de los distintos escritos defensivos del contribuyente y del recurso de casación sub examen no surge el debido cuestionamiento a la tasa retributiva de servicios, que origina el presente juicio de apremio, sino a otros aspectos de la Ley N° 8.573.
Como punto central del presente juzgamiento, es dable concluir que las tachas de inconstitucionalidad vertidas por el recurrente no guardan correlación con la defensa articulada, ni con el objeto del presente proceso de ejecución fiscal.
En otras palabras, se debatió la constitucionalidad de algunas aristas regulatorias de la norma, tales como la fijación de cuotas para el abastecimiento del mercado interno, el sistema de depósitos de azúcares y ciertos deberes impuestos a los destinatarios de la norma; mas no se controvirtió, como hubiera correspondido, la competencia tributaria para fijar la tasa retributiva de servicios en que se sustenta el cobro perseguido, ni las características del referenciado tributo.
La tasa retributiva de servicios que se reclama en autos constituye uno de los elementos que componen el patrimonio y los recursos del IPAAT, consistente en el equivalente al 5‰ (cinco por mil) del valor de la cantidad total de azúcar y alcohol producidos.
La determinación del tributo y su cobro no se enlazan necesariamente con los tópicos regulatorios tachados de inconstitucional. Por el contrario, la tasa que aquí se ejecuta podría justificarse a partir de otros objetivos de la ley (art. 2), u otras funciones de la autoridad de aplicación (art. 4), no impugnados. Por lo que, aún en la mejor hipótesis para el contribuyente, esto es la viabilidad de su planteo de inconstitucionalidad de las aristas regulatorias antes enunciadas, de ello no se derivaría ineludiblemente la ilegitimidad del tributo previsto en el art. 10 inc. 1 de la Ley N° 8.573. O, al menos, el recurrente no ha logrado demostrar la conexión entre las inconstitucionalidades requeridas y la ilegitimidad del cobro fiscal aquí pretendido.
Esta consideración deviene suficiente para signar negativamente la suerte de la pretensión recursiva instaurada."
"En especial referencia a la materia fiscal, en cuanto a la distribución constitucional de competencias entre la Nación y las Provincias, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “de acuerdo a la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75)” (Fallos 304:1186, entre muchos otros).
A partir de ello, el debate formulado por el recurrente sobre las competencias nacionales o provinciales para la regulación del mercado azucarero deviene inerme en el sub lite, si no media cuestionamiento suficiente a las potestades tributarias provinciales o a las características de la tasa retributiva de servicios que se pretende. Nada de lo cual se verifica en el presente."
¿Cómo votaron los jueces?
los tres Vocales (Leiva, Posse y Sbdar) adhirieron a los fundamentos y al decisorio final.
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