COMPAñIA AGRARIA SAN JOSE S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD
La actora promovió acción de inconstitucionalidad contra las Resoluciones Generales de la DGR que la designaron agente de percepción y retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La Corte admitió el recurso de casación de la Provincia, dejó sin efecto la sentencia de Cámara y remitió las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento atendiendo, en especial, la incidencia de la Ley 9.155/2019 y las deficiencias de motivación sobre la igualdad.
¿Quién es el actor?
Compañía Agraria San José S.A.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (Dirección General de Rentas / Provincia demandada).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Se solicitó declarar la inconstitucionalidad, para el caso, de las Resoluciones Generales de la DGR Nº 86/00, Nº 204/09 y Nº 07/11 que la designaron como agente de percepción y de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
¿Qué se resolvió?
La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia, dejó sin efecto la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 26/4/2019 y remitió las actuaciones a la Cámara para que, con la integración que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas del recurso por el orden causado y se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En ese marco, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia de Cámara omitió evaluar la posible incidencia que sobre la cuestión a resolver, pudiera derivar de la sanción de la Ley Nº 9.155 (B.O. 21/01/2019), que a través del inc. 24) de su art. 1º, decidió incorporar como art. 231 (bis) de la Ley Nº 5.121, lo siguiente: 'Artículo 231 (bis): Sin perjuicio de los anticipos a los cuales se refiere el Artículo 229, la Dirección General de Rentas podrá establecer otros regímenes de pagos a cuenta del impuesto mediante retenciones, percepciones o recaudaciones que deberán efectuar los sujetos a los que alude el Artículo 32, en los siguientes casos: 1 (…) 2. Los agentes de percepción en oportunidad de emitir la factura o documento equivalente por las ventas, locaciones o prestaciones de servicios que efectúen a contribuyentes del gravamen. 3 (...). En los casos de los incisos 1. y 2., la base de cálculo para practicar la retención o percepción será el importe bruto de la operación con las deducciones, reducciones y descuentos que para cada supuesto fije la reglamentación. En el caso del inciso 3., la recaudación del impuesto deberá practicarse sobre el 100% (cien por ciento) del importe acreditado. A los fines de practicar las retenciones, percepciones o recaudaciones, deberá aplicarse sobre las bases de cálculo definidas en el párrafo anterior, los porcentajes que en cada caso establezca la Dirección General de Rentas'."
"En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la resolución Nº 07/11 de la DGR... De ello se desprende que sobre el tópico, el razonamiento del Tribunal a quo luce, cuanto menos, fragmentado, al relacionar sólo una de las actividades desplegadas por los contribuyentes que toma en consideración, desechando otras sin expresar justificación alguna ni explicar por qué la situación de unas y otras deben reputarse idénticas -o al menos de gran similitud- cuando difieren en las actividades desarrolladas. Ello importa, en la especie, colocar en idéntica situación a quienes se encuentran en diferentes condiciones..."
"En ese marco, en la base del razonamiento del decisorio recurrido, subyace solamente la comparación efectuada entre un número reducido de empresas que no desarrollan exactamente las mismas actividades, sin que exista un parámetro concreto, puntual y objetivo que evidencie la desventajosa situación en que fue colocada la actora en relación a sus competidores, con el consiguiente quebrantamiento de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que se predica... De este modo, la conclusión del Tribunal a quo se revela, más que fruto del análisis de las pruebas rendidas en autos conforme las reglas de la sana crítica, producto de la voluntad de los propios Juzgadores, defecto que la descalifica como acto jurisdiccional válido, al transgredir el deber de motivación que imponen el art. 30 de la Constitución provincial y los arts. 40, 264 y 265, inc. 4) del CPCyC."
¿Cómo votaron los jueces?
Unanimidad de los tres Vocales (Dr. Antonio D. Estofán; Dr. Daniel O. Posse; Dr. Juan R. Acosta). No hubo disidencias.
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