JOFRE ROXANA CAROLINA S/USURPACION -COMPETENCIA-
Conflicto de competencia sobre la remisión de causas penales en trámite entre la Cámara de Apelaciones en lo Penal Nº 2 y el Tribunal de Impugnaciones. El Superior Tribunal rechazó la oposición del Tribunal de Impugnaciones y declaró competente al Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción, por aplicación del art. 114 de la Ley Orgánica.
¿Quién es el actor?
La Cámara de Apelaciones en lo Penal Nº 2 dispuso remitir los autos al Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción (actuación Nº 18431283, 08/02/2022).
A quién se demanda (Demandado/parte que se opone): Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción, que se opuso a la remisión (actuación Nº 18502239, 15/02/2022).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Resolución del conflicto de competencia sobre si la causa debía permanecer en la Cámara de Apelaciones residual o remitirse al Tribunal de Impugnaciones, en atención a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.
¿Qué se resolvió?
Rechazar la oposición formulada y declarar competente para entender en la causa al Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia; ordenar la remisión de las actuaciones al Tribunal de Impugnaciones y notificar a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Nº 2.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Que el Tribunal de Impugnaciones mediante actuación Nº 18502239 de fecha 15/02/2022, se opone a la remisión esgrimiendo: 'que existe una norma específica del nuevo Código de Procedimientos Criminales de la Provincia de San Luis, artículo 343, que hace referencia a las causas en trámite y que garantiza el derecho al Juez natural y al debido proceso legal para las causas en trámite iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Además, coloca en cabeza de los imputados y procesados la facultad de optar entre la tramitación del procedimiento previsto en la Ley Nº VI-0152-2004 (5724 R) o el código vigente a partir del primer de febrero del corriente año. Esta norma entra en colisión con el artículo 114 de la Ley orgánica de la administración de justicia de la Provincia de San Luis que impone, sin más, la remisión al Tribunal de Impugnaciones de todas las causas que tengan una materia recursiva. En este juego de normas no puede primar una ley, básicamente de carácter administrativo destinada a regular el funcionamiento del poder judicial, como lo es la Ley orgánica, por sobre una norma – la del Código de procedimientos criminales- que regula las garantías y libertades del imputado'."
"En efecto, la Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia de San Luis Nº IV-0086-2021, establece la competencia material y territorial de los diferentes tribunales, determinando en su art. 114 última parte: '…Las causas que tramiten ante las Cámaras de Apelación en lo Penal, Correccional y Contravencional en la Primera y Segunda Circunscripción Judicial y ante la Sala con competencia en lo Penal, Correccional y Contravencional de la Cámara de Apelaciones en la Tercera Circunscripción Judicial en materia recursiva serán remitidas sin más trámite a los Tribunales de Impugnación'."
"Por otra parte, el art. 343 del Código Procesal Penal de la Provincia de San Luis establece el proceso aplicable en las causas en trámite, diciendo: 'Se garantiza el derecho al Juez natural y al debido proceso legal, para las causas en trámite iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. En estos casos los imputados y procesados podrán optar entre la tramitación del procedimiento previsto en la Ley Nº VI-0152-2004 (5724 R) Código Procesal Criminal de la provincia de San Luis o de la presente Ley'."
"Por ello, no existe colisión entre las normas mentadas, ni vulneración de principios constitucionales, dado que el art. 343 del C.P.Crim. establece el proceso aplicable y el art. 114, último párrafo, de la Ley Orgánica, determina la competencia de los tribunales de la provincia."
¿Cómo votaron los jueces?
La resolución aparece firmada por los cuatro Ministros que integran el Superior Tribunal (Monte Riso, Chada, Fernández y Levingston); no consta disidencia.
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