BERSANO EDUARDO ARIEL C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - S/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

BERSANO EDUARDO ARIEL (actor en la demanda originaria; aquí la recurrente es el Gobierno de la Provincia de San Luis).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de San Luis (en la causa de fondo).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso extraordinario federal contra la sentencia STJSL‑S.J.–S.D. Nº 103/23 que hizo lugar a la demanda contencioso administrativa, declaró la nulidad del decreto de cesantía, ordenó la reincorporación al sistema educativo en cargos específicos y el pago de salarios caídos.

¿Qué se resolvió?

Se denegó la admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal interpuesto el 28/09/2023; con costas, por no configurar cuestión federal susceptible de revisión por el remedio federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Examinada la propuesta recursiva, se coincide con lo dictaminado por el Procurador General, en que la misma no trasciende la mera discrepancia en relación a lo decidido por el Superior Tribunal, y sólo constituye una visión y propuesta alternativa de algunos aspectos del fallo, que de ningún modo pone de manifiesto algún yerro jurídico que invalide la sentencia, que cuenta con fundamentos sólidos y pertinentes.

Una postulación recursiva expresada en tales términos, junto a la naturaleza de las normas involucradas, impiden conceder la admisibilidad del recurso extraordinario federal."

"Sin embargo, corresponde señalar que el caso fue decidido bajo la órbita de normas de derecho local, por lo que no se configura la 'cuestión federal' exigida para la procedencia formal del recurso extraordinario federal; pues si la cuestión federal invocada está centrada en la interpretación de una norma local y no se advierte prima facie contradicción alguna con las normas nacionales que el recurso extraordinario federal está llamado a proteger, no puede concederse."

"En el caso, el Superior Tribunal actuó la facultad contenida en el art. 863 del CPC y C que establece que: 'el Superior Tribunal podrá, además de declarar la invalidez del acto administrativo impugnado, reconocer el derecho subjetivo de carácter administrativo y ordenar el restablecimiento pleno de la situación jurídico‑subjetiva lesionada condenando, en consecuencia, a la demandada al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del acto administrativo anulado y que sean consecuencia inmediata del mismo'."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución está firmada digitalmente por los Dres. Andrea Carolina Monte Riso, Jorge Alberto Levingston, José Guillermo L’Huillier y Cecilia Chada. No firma el Dr. Eduardo Segundo Allende por hallarse recusado.